El suicidio estudiantil y adolescente en Hidalgo ha mostrado una tendencia al alza entre 2024 y principios de 2025, planteó el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien durante la sesión de este miércoles presentó una iniciativa para introducir en la Ley de Educación del estado el concepto de “suicidio estudiantil”.
De acuerdo con las cifras presentadas por el legislador, en 2024 se registraron 126 suicidios en Hidalgo, principalmente en jóvenes de entre 15 y 19 años, con mayor concentración de casos en la zona metropolitana de Pachuca, Tulancingo y Tizayuca.
Entre los factores identificados destaca el acoso escolar o bullying. En ese contexto, recordó casos como el de Yahir, ocurrido en julio de 2024, un joven de 15 años, estudiante de la Escuela Secundaria General 9 en Pachuca, quien presuntamente sufrió humillaciones constantes por parte de una prefecta, situación que habría detonado una crisis emocional que lo llevó a quitarse la vida.
A este caso se suman otros hechos relevantes, como el intento de suicidio ocurrido en mayo de 2025 en los baños de la Escuela Secundaria General Número 7, también en Pachuca, así como el caso de una niña de 12 años que se quitó la vida el 30 de noviembre de 2025 en su domicilio, ubicado en la colonia La Cruz, en Tulancingo.
Asimismo, se documentaron casos graves de violencia escolar que derivaron en lesiones o muerte. En marzo de 2024, Adriel, de 11 años, falleció tras ser golpeado por compañeros en una escuela de Santiago de Anaya; mientras que Miguel Ángel, de 7 años, sufrió lesiones graves en un ojo tras ser agredido por otro alumno.
El Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar (Repaeve) reportó 540 casos de violencia escolar durante el ciclo 2024-2025, lo que refleja un incremento significativo en este tipo de conductas, detalló el legislador.
La propuesta legislativa contempla adicionar la fracción X al artículo 5 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo para definir el “suicidio estudiantil” como el acto deliberado de un alumno para quitarse la vida, asociado a factores como depresión, ansiedad, violencia escolar, presión académica o rupturas emocionales.
También plantea reformas al artículo 10 para establecer que la Secretaría de Educación y autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementen programas de capacitación para docentes en la detección de factores de riesgo en la salud mental del alumnado, así como la obligación de informar de inmediato a las autoridades en caso de detectar situaciones de peligro.
Asimismo, se propone que los planteles de nivel básico y medio superior puedan crear áreas especializadas de atención psicológica para orientar y apoyar a los estudiantes, así como prevenir casos de suicidio.
La iniciativa también incluye la posibilidad de desarrollar programas de capacitación y orientación dirigidos a docentes, estudiantes y familias, con enfoque en derechos humanos, prevención, atención de crisis y reducción del estigma social relacionado con la salud mental.
