Lucero Calderón, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, lamentó que durante la más reciente sesión del Comité Coordinador del organismo le haya sido impedida su asistencia.
Lo anterior, señaló, se da tras haberse inconformado desde el pasado abril por la reducción de honorarios y el intento de desmantelamiento del órgano autónomo del que forma parte.
La convocatoria de este lunes sí fue emitida en tiempo y forma, pero la sesión se llevó a cabo en la Secretaría de la Contraloría estatal, y fue el titular de esta, Álvaro Bardales, quien la presidió, pero si bien el Poder Ejecutivo tiene representación, el Sistema Anticorrupción no está subordinado.
Aunque para esta edición sí participaron las representaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, e incluso el ITAIH, no se dio cuenta de sus aportaciones, pues sólo la Contraloría informó que instrumentará la Política Pública Anticorrupción. Sin embargo, esta fue creada en 2021 y publicada el siguiente año.
De acuerdo con Lucero Calderón, desde temprana hora se le pidió no acudir a la sesión en la cual se expondrían los avances en el trabajo del CPC, al ser la persona que ha manifestado su desacuerdo con las nuevas medidas instrumentadas en el organismo.
En este sentido, acusó que si bien Álvaro Bardales es integrante del Comité Coordinador no tendría por qué definir quiénes sí y quiénes no participan en la sesión del instituto.
El Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo que se creó derivado de una política nacional que busca en la ciudadanía hacer contrapeso y vigilar las acciones de las dependencias. Sin embargo, en Hidalgo, con la llegada de la administración estatal y que a finales de enero cambio de directivo del CPC, las condiciones de aceptación por parte del Gobierno estatal cambiaron y ahora se busca un cambio desde sus recursos e integrantes.
