Regidores inhabilitados querían que TEEH les devolviera cargo; se declara incompetente

El magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez destacó una clara improcedencia al carecer de competencia para tratar esos hechos.

Mediante tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), los exregidores de Pachuca Carlos Jaime Conde Zúñiga, Olivia López Villagrán y Pablo Elías Vargas González acusaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) una negativa y violaciones para ser restituidos en sus cargos y señalaron al edil Sergio Edgar Baños Rubio y a la Contraloría local.

No obstante, el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez destacó una clara improcedencia al carecer de competencia para conocer sobre los actos de responsabilidad que fijados ya que estos escapan de la materia electoral; además que los hechos ya son tratados en Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo y adujo a través de una prohibición no puede haber un doble enjuiciamiento.

Lo anterior, pues los quejosos adjuntaron pruebas que referían que dicho ente estatal ya realizaba un procedimiento, el cual para Conde Zúñiga y López Villagrán ya había emitido una suspensión para que las cosas queden igual hasta haya sentencia definitiva, es decir, que sus suplentes no tomen protesta, lo que impide al TEEH resolver en un mismo suceso.

Al proponer declarar improcedentes los tres actos, el ministro expresó que ello no significa que se deje en el desamparo a los actores, por lo que ordenó remitir las carpetas al tribunal de justicia para que determine lo conducente; además, sobre la supuesta violencia política fue planeada otra improcedencia al no haber probado los dichos, aunque también se dijo que no pasan desapercibidas las declaraciones y fue asentado dar vista a Derechos Humanos.

Tema hace debatir a magistrados

Al concluir la ponencia, el ministro Leodegario Hernández Cortez se dijo en contra del proyecto al aducir que en el hecho sí hay cuestiones electorales que debería tratar el TEEH; además que la separación y negativa a reincorporarse de los exmunícipes son actos asentados en la legislación, por lo que la suspensión del tribunal de justicia administrativa no impedía hacer un pronunciamiento de la instancia a la que pertenece.

No obstante, Cruz Martínez reviró que sí había una problemática en materia de competencia al no encontrar cómo superar el fallo el órgano mencionado arriba; aspectos en los que entraron en debate, aunque finalmente fue avalada la propuesta de sobreseimiento con un voto especial de Hernández Cortez.


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