El agente del Ministerio Público a cargo de investigar los hechos de violencia registrados el pasado 19 de septiembre en el edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no ha formulado acusación contra Óscar Andrés N, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien enfrenta cargos por lesiones dolosas con agravantes de pandilla.
Según lo establecido en el artículo 325 del Código Procesal Penal, la autoridad jurisdiccional debe tomar acción cuando el Ministerio Público no presenta la acusación dentro del plazo correspondiente, situación que ahora atenderá el superior jerárquico de quien tiene a cargo la investigación.
Por lo anterior, el juez de la causa ha dado vista al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, para que se pronuncie al respecto en un plazo de quince días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se ordenará por parte de la autoridad judicial el sobreseimiento del caso.
Será ahora el superior jerárquico del Ministerio Público quien formule la acusación contra Óscar Andrés N, quien fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones dolosas con agravantes de pandilla en noviembre pasado.
Este estudiante, miembro del Consejo Estudiantil de la UAEH, está relacionado con una protesta que escaló en violencia el 19 de septiembre, resultando en agresiones, lesiones y daños materiales con el uso de palos, piedras, mobiliario, y hasta el uso de extintores y gases lacrimógenos.
Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó que existen suficientes elementos para seguir con el caso contra el estudiante. A pesar de ello, y tras acogerse al plazo de las 144 horas, se concedieron tres meses para la investigación complementaria, que concluyeron el 8 de febrero de 2024. Mientras tanto, Óscar Andrés N permanece bajo la medida cautelar de no acercarse a las presuntas víctimas.
APUNTES:
En un lenguaje coloquial, “sobreseimiento” significa que el caso se detiene o se cierra debido a la falta de acción por parte de las autoridades. Es como si el proceso judicial se estancara o se archivara temporalmente hasta que se tomen medidas para reactivarlo. En pocas palabras, es una especie de pausa en el procedimiento legal.
