Esta semana saltaron a la fama los integrantes del Congreso del Estado de Hidalgo con motivo de su Primer Informe de actividades, que resultó una bochornosa exhibición en diferentes medios de comunicación por su falta de quehacer legislativo, así como su nula presencia en los distritos que representan; de los plurinominales ya ni hablar.
Resulta que todos los partidos, sin excepción, cuentan con representantes que cuestan anualmente más de medio millón de pesos, sin tomar en cuenta los pagos alternos que recibe cada legislador y las comodidades que les son otorgadas por la investidura que representan; es decir, el pago económico que reciben por representar a la ciudadanía es desproporcional al trabajo que realizan.
A últimas fechas se ha hablado de los diversos males que aquejan a las regiones del estado, e irónicamente son diputados y diputadas quienes desconocen totalmente las circunstancias en que vive la población que representan; pero eso sí: se pavonearon en campañas con discursos varios y no regresaron a recorrer ni la mitad de los lugares en los que pidieron el voto.
Viene al caso señalar que la gestión del gobernador Omar Fayad Meneses se caracterizó por un combate total a la corrupción que imperaba en el estado, al grado de evaluar a su propio gabinete después de un año de trabajos y aseverar que la falta de resultados ocasionará bajas en algunas dependencias.
Ahora bien, si el propio gabinete estatal está sometido a lograr índices de crecimiento en las áreas que tienen bajo su cargo, ¿por qué en el Congreso del Estado debería ser distinto?
Hablamos de legislaturas que tienen una duración de dos años y de una veintena de diputados que no ha generado ningún resultado más o menos beneficioso en sus regiones, y que cuentan con un suplente que hizo campaña junto a ellos. Por tanto, si los legisladores no han logrado cumplir ni promesas ni metas mínimas, pues que se permita el paso a los suplentes.
Sucede que la clase política hidalguense está demasiado acostumbrada a holgazanear en la comodidad de sus asientos, de los que se sienten dueños por años; es tiempo de darles una sacudida y exigirles resultados. Si el Gobierno estatal será evaluado, el Congreso también debería pasar por la supervisión de sus cúpulas partidarias, y serían más proactivos si su gestión se condicionara a un año de trabajo si las mediciones internas del Congreso los reprueban, es decir, si sus faltas o baja actividad legislativa predominan, que se permita el paso a los suplentes.
Para pronto, el Congreso Local ha dejado de combinar con el Gobierno del Estado: los diputados parecen innecesarios y encima de todo pretenden buscar candidaturas el año entrante, sin importarles que han fracasado rotundamente en esta legislatura; deberían dirimir de sus curules por congruencia. Pero allá usted, querido lector, si les vuelve a dar su voto.
