El ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador de gobernar junto al pueblo es una garantía de que cumplirá sus promesas de campaña, no importa cuánto tarde. El pueblo ha vuelto a tener un presidente y a gobernar con él, porque “se puede gobernar desde el pueblo y gobernar para él”, como lo ha señalado el mandatario en su balance de 100 días.
México ha dejado de ser administrado para iniciar su transformación, modificando las políticas públicas que fueron inamovibles durante años. Recordemos que la crisis de la deuda en 1982 propició la retirada de la intervención del Estado mexicano en la economía y marcó el inicio de las políticas neoliberales para poner fin a un Estado que venía actuando como productor y consumidor de bienes; luego de la crisis de 1994 nada se movió, se administró un país bajo el temor de que se derrumbaran los equilibrios macroeconómicos logrados.
Las políticas públicas obviaron la importancia del papel regulador del Estado en economía y en la sociedad, tema sobre el cual rectificaron los líderes del Grupo de los 7 (G7) y del Grupo de los 20 (G20) después de la crisis de 2008, cuando se propusieron refundar el capitalismo y devolver al Estado su función reguladora, al percatarse de que el mercado tenía imperfecciones y era incapaz de regular el funcionamiento óptimo de la economía, presa de los especuladores y las calificadoras de Wall Street.
En los años ochenta las políticas públicas tenían un objetivo: poner fin a la inestabilidad económica. En esos años el desmantelamiento de las empresas del Estado, que producían desde bicicletas hasta barcos camaroneros, tenía lógica: se trataba de reducir el déficit fiscal y acabar con empresas que no eran rentables y constituían una carga para los ciudadanos, pero luego se orientaron a hacer de PEMEX una empresa no rentable para acabar con ella y la reforma energética de 2013 tenía ese propósito; las políticas se propusieron poner fin a los servicios públicos que el Estado proporcionaba a los ciudadanos y entregarlos a las empresas privadas.
México es un país que ha sido administrado por tres sexenios consecutivos sin importar la alternancia. Si bien las reformas emprendidas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari abrieron el paso a la modernización de la economía nacional y la liberalización comercial, la crisis de los errores de diciembre de 1994 provocó que las políticas de ajuste y estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) se instalaran para recuperar los equilibrios macroeconómicos; sin embargo, al sexenio de Ernesto Zedillo le siguieron tres gobiernos que no movieron un solo ápice las políticas públicas, las que cambiaron de nombre pero no de esencia, como si la crisis de los noventa siguiera latente y el entorno internacional no hubiera cambiado, ni las necesidades de los mexicanos.
El 1 de julio de 2018 resumió el enojo de los ciudadanos y devolvió la esperanza perdida. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ratificado en el balance de sus primeros 100 días de gobierno los compromisos de campaña; ha hecho un recuento de los problemas enfrentados, de los logros y de lo que queda por hacer. Pero, definitivamente, 100 días no son suficientes para cambiar el rumbo de un país hundido en la corrupción, maniatado por políticas económicas y sociales destinadas a saquear sus riquezas, a neutralizar a la opinión pública y a los electores bajo la complacencia internacional de las calificadoras de Wall Street, que no vieron los riesgos de la corrupción que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) venía advirtiendo en sus informes y ahora cuestionan las políticas del nuevo gobierno y pretenden, con sus calificaciones, cuestionarlas y ahuyentar a los inversionistas.
Lejos de lo que hubieran deseado sus detractores y los enemigos de sus causas, el presidente de México ha obtenido el respaldo de los ciudadanos a través de las encuestas de popularidad de los medios y de los empresarios en la reciente renovación de su dirigencia; cada problema enfrentado por el presidente ha sido un reto para renovar el compromiso adquirido con los electores, los cuales están convencidos de que no serán traicionados esta vez, porque él les ha dicho: “Nunca claudicaré, antes muerto que traidor”.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
