La petición del gobernador Julio Menchaca a la presidenta Claudia Sheinbaum de declarar “emergencia estatal” en torno al desastre social que causaron las lluvias en Hidalgo ha develado los estresores del ecocidio político que por décadas no han sido analizados y que en estos días aciagos donde miles de hidalguenses se han visto afectados, emergen con inusitados tintes de responsabilidad pública encubierta.
Los zares de las inmobiliarias
Las zonas visibles de Pachuca en donde se anegaron colonias enteras, la mayor parte de colonos de asentamientos marginales, cuyos ingresos económicos son insuficientes para atender los estragos causados por las inundaciones, han sufrido en carne propia el ecocidio político causado por administraciones estatales y municipales que, en contubernio con inmobiliarias y negocios inmobiliarios, ampararon los crímenes de devastación del medio ambiente que han incidido en crímenes contra la ciudadanía.
Las impugnaciones que se han presentado por asentamientos urbanos en zonas que jamás debieron ser autorizadas, como en la administración del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, centran el análisis de una corrupción piramidal en Hidalgo que fue pavimentada desde el Ejecutivo Estatal hasta los municipios, en los que proliferaron los negocios de inmobiliarias, muchas de ellas que han desaparecido y dejaron irresueltos problemas de drenajes, agua potable, infraestructura como la punta del iceberg del entreguismo público del uso indebido de suelo y el abuso del poder público.
Los negocios privados con fachada pública
La política del ecocidio público también nos devela que pese a no estar constreñida a las pesquisas de la Estafa Siniestra debería ser parte consistente de los arqueos públicos que lleva a cabo el gobierno de Julio Menchaca y que alcaldes como Eduardo Medécigo de Mineral de la Reforma han develado como parte de la cadena de problemas e inconsistencias que heredan los municipios en Hidalgo.
Aunado a este escenario, también la legalidad de innumerables fraccionamientos en Hidalgo se encuentra cuestionada. En este trazo, las irregularidades sobran y se unen a las variables de la migración y explosión demográfica que mantiene la entidad, debido a la cercanía con el área metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.
Sin embargo, la política del ecocidio público no sólo se ha desarrollado en la corrupción de las inmobiliarias que se ha desatado con la emergencia ambiental que ha producido las inundaciones en Hidalgo. Debemos entender que la degradación de una clase política que fue juez y parte, y que la ciudadanía no pudo establecer por décadas ninguna forma de control sobre ella es la raíz del desvío de fondos en diferentes dimensiones de la malversación pública que mantiene un tránsito de corrupción que se pierde en tiempo y espacio en las instituciones públicas en Hidalgo y, de la cual, se han generado crímenes de diversa índole.
En este escenario, si bien es cierto que las condiciones ambientales o del ecosistema en el que nos desarrollamos son impredecibles, sí eran predecibles, bajo el análisis de los organismos públicos, las consecuencias, lo mismo con el uso de suelo que con el desabasto de medicamentos en hospitales públicos, así como la permisividad en las formas de construcción de las inmobiliarias y de la ciudadanía, factores que desatan este ecocidio público que deviene del uso y abuso de la política y la clase gobernante.
En una estela de muerte, la serie de desencuentros sociales que están ocurriendo por la carencia de protocolos eficientes y leyes de vanguardia para la protección de la ciudadanía en materia de vialidad, ya han enlutado y lo seguirán haciendo en diferentes municipios de Hidalgo a la población, sin que, hasta ahora, existan pronunciamientos de correlación con la seguridad pública.
La ciudadanía no debe permitir que la política del ecocidio público que ya encumbró a una clase política corrupta quede impune y, mucho menos, cuando la reestructuración de la ética pública es el sello distintivo del gobierno de la 4T.
