El Congreso de Hidalgo se convirtió en la Legislatura número 16 del país en aprobar la reforma constitucional federal que limita las jubilaciones y pensiones en el sector público, conocida como la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”.
La iniciativa fue avalada por unanimidad; sin embargo, la diputada Karla Perales, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó reservas al considerar que la enmienda deja fuera a las Fuerzas Armadas y no establece un sistema claro de pensiones, lo que —dijo— podría poner en riesgo derechos adquiridos y generar incertidumbre entre los trabajadores.
Hasta el 27 de marzo de 2026, 15 congresos locales ya habían aprobado la modificación al artículo 127 de la Constitución federal, por lo que, con Hidalgo, se alcanza el número 16. Para su validez y promulgación, la reforma —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— requiere el aval de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, además de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ya obtenida.
El proyecto establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo federal, y que tampoco podrá ganar igual o más que su superior jerárquico, salvo excepciones justificadas, como trabajos técnicos especializados o la acumulación de empleos públicos, siempre dentro de los límites establecidos.
En materia de pensiones, se fija que las jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades paraestatales —tanto federales como estatales y municipales— no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. Además, se prohíbe que contratos o condiciones laborales establezcan beneficios superiores a ese tope.
No obstante, la reforma contempla exclusiones, entre ellas las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, los esquemas complementarios sindicales y la pensión no contributiva.
En los artículos transitorios se establece que, una vez en vigor, los retiros existentes deberán ajustarse a los nuevos límites, salvo aquellas reconocidas bajo el marco anterior, que conservarán sus términos. Asimismo, se otorga un plazo de 90 días para que congresos y entes públicos adecuen su marco legal y contratos, sin que ello implique ampliaciones presupuestales.
