La naturaleza del poder público no es abstracta ni presenta límites para la comprensión ciudadana; sin embargo, durante décadas la sociedad ha sido marginada para evitar que advierta la corrupción e impunidad que la laceran, pero no puede subsistir ni sobreponerse a los efectos de un crimen de Estado como el que representa la Estafa Siniestra.
Las heridas que ha abierto en la ciudadanía de Hidalgo el proceso de investigación judicial de la Estafa Siniestra exponen la crisis política de un estado cuyas pruebas de corrupción e impunidad están a flor de piel, desde el abandono de pueblos y comunidades que viven en la prehistoria social, pues la clase política les ha negado el derecho a la dignidad humana.
El fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia a cargo de Santiago Nieto ha expuesto la inequidad del poder público, que cuando utiliza al gobierno como botín de partido, al pueblo lo convierte en epitafio.
Las investigaciones de la Estafa Siniestra marcan la ruta hacia diversos servidores públicos y exponen a más de cinco municipios de Hidalgo, visibilizando a la administración pasada como epicentro de contubernios públicos que tuvieron que haber sido del dominio del gabinete del gobernador, ya que los arqueos de la cuenta pública de municipios, así como el uso y manejo presupuestal de planes y programas de diferentes instituciones públicas permitían tener elementos de sobra para develar su aplicación, destino e impacto social.
No vivimos en una era de oscurantismo científico o tecnológico. La administración pública, como cualquier dimensión de conocimiento social, cuenta con múltiples herramientas para ser auditada y entendida en los parámetros que marcan la Ley de la Administración Pública y la propia Constitución, que hablan de “un gobierno público y en público” y, por ende, su visibilidad no es prerrogativa ni privilegio de los servidores del Estado, sino derecho legítimo y expreso de la ciudadanía. No se necesitan velas en la era virtual para hacer visible y transparente el proceder de la administración pública.
En esta lógica, debemos criticar que los gobiernos del antiguo régimen, no sólo en Hidalgo sino en todo México, crearon tantos estragos, vacíos de poder ciudadano, corrupción e impunidad, que la ciudadanía no cuenta con una cultura de la administración pública, lo que explica la caída en manos de la burocracia que hizo de la tramitología el paraíso de su prosperidad mercenaria y de la malversación pública.
Por ende, las pesquisas de la Estafa Siniestra que hoy potencian la figura de Santiago Nieto por su compromiso y voluntad pública, no dejan de causar sorpresa, pero imponen un razonamiento lógico: la administración de Omar Fayad no pudo haber estado ciega a lo que sucedía, porque la administración y procuración de justicia tiene las herramientas necesarias para aplicar el peso de la ley si detecta algún delito, lo que agrava la actuación del gobierno anterior, pues evidencia un vacío de probidad y ética pública en Hidalgo.
