A lo largo de poco más de año y medio de administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, el dilema parece haber estado presente en todo momento: resolver los temas políticos con mano dura o negociadora.
Aplicar sin más el Estado de derecho o cobrar venganza de agravios presentes o del pasado o garantizar para Hidalgo una auténtica transformación y bases sólidas de gobernabilidad.
He ahí el dilema.
Esta disyuntiva entre el ser o no ser ha dado pie a la formación, al interior de la administración estatal, de dos bloques. Uno, conformado por lo que bien se puede calificar como duro y otro por quienes tienen alguna identificación con los principios de Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder único e indiscutible de ese movimiento.
Los duros son pocos e identificables. Su experiencia en las lides de la política verdadera es tan amplia como los meses que lleva gobernando Morena en Hidalgo. Se muestran autoritarios, arrebatados y prepotentes.
Su principio se basa en cuatro palabras: el gobierno soy yo y con base en ello han formado una burbuja para la toma de decisiones. Las que les corresponden por el puesto que ocupan y otras -que aunque no están estrictamente en su área-, las utilizan para dejar sentir su fuerza e influencia.
El lado de los negociadores es más amplio. Tienen alguna experiencia política pero su voz, hasta ahora, parece poco escuchada, además de que su cercanía con quien toma las decisiones podría medirse más bien en lejanía.
Los duros, aunque poco o nada sepan, se meten en todo, opinan de todo y todo lo estropean. Eso sí, salieron buenos para intentar quedar bien con personajes que resultan relevantes para esta administración.
Con ellos olvidan su soberbia y prepotencia y suelen ponerse de tapete.
Y ahí está el ejemplo del encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto, cuyo fugaz paso por Hidalgo se significó por haber metido a la cárcel a algunos de los presidentes municipales que participaron de la llamada Estafa Siniestra, pero cuyo autor intelectual permanece prófugo o desaparecido convenientemente.
También está presente un contralor que permanece con la mirada, sólo la mirada, puesta en el pasado pero que no ha actuado en contra de una secretaria de Finanzas que metió al banco 800 millones de pesos que estaban destinados a promover el bienestar de las y los hidalguenses.
El banco quebró y hoy la exsecretaria vive con confort y tranquilidad en Canadá. Eso, por supuesto, importa poco a un contralor que goza más jugando a la política que aplicando filtros que eviten la malversación de los recursos públicos.
Otro triunfo de los duros es haber impuesto candidatos a Morena con perfil cuestionable, con lejanía, por decir lo menos, a la ideología de la Cuarta Transformación y algunos de ellos con una ética dudosa y hasta con acusaciones de violación o de evadir responsabilidades familiares.
Es precisamente en medio del actual proceso electoral que se han venido ejecutando acciones para intentar socavar el poder del llamado Grupo Universidad, que encabeza Gerardo Sosa Castelán, y que ha sido catalogado como el enemigo de algunos de los últimos gobernadores del estado.
Sin respeto y sin rubor hay ataques de uno y otro lado. El último contra un candidato del Partido del Trabajo que antes de su nominación ejerció como presidente municipal de Progreso de Obregón y al que se le acusa de supuesto desvío de poco más de 5 millones de pesos.
Total, en medio de esta situación -que bien puede catalogarse como antipolítica-, Hidalgo se juega su presente y su futuro.
¡Vaya visión!
¡Qué sigan la intriga y las vendetas!
