La descomposición de la clase política a nivel nacional, donde la corrupción constituye uno de los pesares de la sociedad, ha creado espacios de generalización de estas prácticas, cuya visibilidad mediática ha puesto en jaque la credibilidad del sistema político y de partidos, creando múltiples formas de prevención y control con resultados insuficientes en el país.
La detención del diputado del PT, Edgar Hernández Dañu, por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo en Ixmiquilpan, así como la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, indica el afianzamiento de la procuración de justicia en las directrices y lógicas que Santiago Nieto Castillo ha marcado en este sexenio.
El pronunciamiento del líder del PT en Hidalgo, Javier Vásquez Calixto, quien acusa persecución política contra Hernández Dañu, provocó un choque con el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien dijo de forma contundente que “cualquier acusación debe ser probada”, echando por tierra cualquier especulación de fuego amigo por parte de la alianza que encabeza Morena y de la que el PT es parte.
Sin embargo, las declaraciones de Vásquez Calixto no atienden al matiz de la presión social ni a las nuevas lógicas de la procuración de justicia en Hidalgo, y minimizan los nuevos instrumentos indagatorios que a nivel nacional han cobrado visibilidad en el combate a la corrupción, por lo que la persecución política es una hipótesis inverosímil y tendrá que existir acopio de pruebas que indiquen la inocencia de Hernández Dañu, frente a la magnitud de un proceso legal preocupante del cual ya han aparecido aristas sustantivas de que un sector de la clase política en Hidalgo no mantiene probidad en sus actos.
El mensaje del gobernador es claro: “Nadie fuera de la ley, nadie por encima de la ley”, que del brazo de Santiago Nieto permite un radio de acción legal más allá de la estructura de la alianza política de su partido con el PT, reforzando la postura del primer año de gobierno, donde las pesquisas por corrupción, peculado y abuso de funciones se han puesto de moda entre diferentes presidentes municipales y como signo para contrarrestar la descomposición de la clase política en la entidad.
Lo sustantivo del caso del diputado Hernández Dañu estriba en las aristas y vínculos de asociación delictuosa en figuras públicas, cuyos contubernios van más allá del plano vertical con actores del orden privado, pues también llegan al nivel público, por lo que visibilizar la descomposición de la clase política en Hidalgo no sólo actúa como estrategia anticorrupción, sino que refuerza la promesa de campaña del hoy gobernador de ofrecer lealtad al pueblo, justo cuando los lazos políticos con la administración federal atraviesan por un momento definitorio a nivel nacional.
En este contexto delicado, los argumentos de persecución política y fuego amigo no sirven para justificar la detención de Hernández Dañu, sino que evidencian la presión del gobierno federal y el incremento de la pericia de la procuración de justicia en el filtro de los procesos de investigación de las figuras públicas, frente a la flagrante descomposición de la clase política en Hidalgo, que exige la depuración del despropósito de la violencia legislativa del Congreso, que actúa como juez y parte de intereses para un sector de sus miembros, pero no en la defensa del pueblo.
