Hay proyectos que se vuelven valiosos con el tiempo y, precisamente por eso, a veces terminan creyendo que su historia los protege de todo. Algo de eso parece asomarse en el caso de la Fundación Arturo Herrera Cabañas.
Nadie sensato podría negar su aportación cultural ni el peso simbólico que ha tenido durante casi tres décadas en Hidalgo. Pero una cosa es el prestigio construido y otra, muy distinta, el cuidado político y jurídico de un bien público que, a pesar de los años, nunca dejó de serlo. El gobierno del estado sostiene hoy que busca recuperar ese inmueble por la vía legal, al considerar que hubo un uso distinto al permitido en el comodato, con la intención de convertirlo en Museo de la Ciudad.
Y ahí está la parte incómoda del asunto: si la fundación efectivamente realizó o permitió una operación comercial no autorizada dentro del inmueble, así haya sido la venta de una sola taza de café, entonces el problema ya no puede leerse sólo como un aislado acto de poder ni mucho menos como una agresión contra la cultura. Aunque pese, se vuelve también un caso de descuido. No porque eso borre lo hecho por años, sino porque abre una puerta legal que el gobierno está en condiciones de usar.
Luego de esto, la fundación, ligada desde luego a la familia del finado Arturo Herrera Cabañas, ha dejado ver la idea de que la acción del gobierno equivale a un despojo, lo cual supone una imprecisión legal, porque para que esta figura pudiera materializarse, la propiedad del bien en cuestión tendría que pertenecer a la fundación, y no es así: el inmueble siempre ha sido propiedad del gobierno del estado.
Por eso sería un error reducir todo a la idea abstracta de que esto se trata de una persecución política. Lo que parece haber, más bien, son dos verdades incómodas: por un lado, la fundación con trabajo cultural real, pero vulnerable por un flanco que no debió descuidar; y por otra, el gobierno que parece tener elementos legales suficientes para recuperar un inmueble que es patrimonio histórico, aprovechando la coyuntura que le dieron.
Incluso, por eso, este asunto nos recuerda que la cultura no puede vivir al margen del derecho y menos de la política. Un proyecto cultural como el de la Fundación Arturo Herrera Cabañas puede acumular legitimidad social, afecto público y memoria histórica, pero si confunde ese capital con una especie de blindaje permanente, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que el reconocimiento no sustituye al cuidado y a la seriedad institucional.
Al final, lo más duro de este episodio es la lección que deja: un proyecto cultural también debe cuidar la ley, la forma y el contexto, porque un inmueble como el de la calle de Allende, no se habita sólo con legitimidad moral, sino también con legalidad.
