Redacción
Carolina Viggiano, diputada federal, externó su opinión sobre el caso de “Los Porkys de Costa de Oro”, en el que consideró como absurdo que sea necesario notificar verbalmente a la víctima que una conducta claramente sexual tiene propósitos lascivos para que se acredite el delito, por lo que reprobó la cosificación que el juez hizo del género femenino, “es decir, se habla de tocamiento como si Daphne fuera un objeto al que se puede tocar siempre que no se exprese verbalmente la intención sexual o que se evite dejar prueba expresa de lo que pasó por la mente del acusado”, dijo.
La legisladora hidalguense manifestó que el caso es muy complejo debido a sus implicaciones, “desde la dignidad de las víctimas, la de los acusados, que sin lugar a duda tienen derecho a una buena defensa y como en este caso, el prestigio y futuro de un juez”, por lo que no es posible hacer un juico basado únicamente en lo que se lee en los medios de comunicación o las redes sociales.
Como abogada, Viggiano Austria se dio a la tarea de leer la sentencia (a la que cualquier persona puede acceder a través del sistema de información del Poder Judicial federal), en la cual el juez considera que no existió intención lasciva, es decir, sexual, en los tocamientos hacia la joven.
“Reflexioné mucho como abogada, como expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y como madre de dos adolescentes; sin embargo, me parece absurdo que se requiera notificarle verbalmente a la víctima que una conducta claramente sexual, tiene propósitos lascivos para que se acredite el delito”, apuntó.
Agregó que es lamentable la desigualdad que persiste en México, en donde se concibe a las mujeres como objetos, por lo que consideró necesario que los jueces actúen con perspectiva de género y con mayor transparencia, “así como con humanismo y no escudados en formalismos, dando la espalda a la sociedad”.
Finalmente, Carolina Viggiano destacó la gran lección que deja el caso: “No podemos hacer juicios mediáticos o en redes sin conocer los elementos de prueba necesarios y que tanto la víctima, el acusado y las autoridades, tienen el derecho de acceder a la justicia, no a través de la presión social que generan las redes, sino a través de mecanismos claros, transparentes y expeditos”.
