Gran escándalo armó el candidato de Morena a diputado federal en Huejutla, Fortunato Rivera, al reclamar la grave injusticia de tener que pagar una multa porque su esposa y su hija se hicieron presentes en una entrega de apoyos de PROSPERA en la Huasteca, lo cual es comprensible viniendo de un personaje que cuenta con formación educativa profesional. Dicho de otra forma: es normal que un político poco preparado y que dejó dudas sobre el manejo financiero en el ayuntamiento de San Felipe Orizatlán y como subsecretario de Gobierno desconozca qué es un delito electoral y por qué debe ser sancionado.
Mismo ejercicio aplica para la esposa y la hija, que dejaron tras de sí una estela de rumores sobre sus formas y prepotencia durante el periodo en la alcaldía de Rivera Castillo, pues tuvieron la torpe e ilegal idea de hacer proselitismo en medio de la entrega de apoyos federales, lo que hace pensar en la achatada visión que tiene una familia completa, pero además en cómo habrán manejado los recursos de una presidencia municipal completa.
Sin embargo, para ser objetivos debemos decir que la presencia de ambas mujeres en la entrega de apoyos se debe a que suponían que se estaba cometiendo un delito electoral –según su versión de los hechos-, y ellas iban buscando pruebas para lograr en tribunales lo que no lograrían en las urnas, desconociendo que programas como PROSPERA no se detienen.
Es admirable la forma en que los propios beneficiarios denostaron la presencia de estos personajes con fines políticos, pues eso quiere decir que grillos como Fortunato Rivera ya no manipulan a poblaciones que tienen muy presentes sus derechos civiles y políticos.
Va un gran reconocimiento también para los funcionarios federales, que tuvieron la valentía y entereza de cumplir con su función a cabalidad, sin permitir la consumación del delito por parte de las féminas. Aquí debemos mencionar igualmente el gran trabajo de Paula Hernández Olmos al frente de PROSPERA a nivel nacional, pues no cabe duda que hay hidalguenses que dejaron una buena huella en el país.
Y es que ahora resulta que gracias a la facción morenista representada por Fortunato Rivera no sólo la legalidad de las elecciones se pone en riesgo, sino también la integridad física de los beneficiarios y funcionarios, e incluso la entrega de apoyos sólo porque un ególatra e ignorante candidato quiere hacerse de votos.
Conforme pasaron los días el circo mediático seguía abonando a Fortunato Rivera, quien se aventó la puntada de decir orgullosamente que la multa de su esposa y su hija la habían pagado autoridades estatales, lo cual suena bastante falso pero el simple hecho de no responsabilizarse de sus actos y no asumir las consecuencias legales retrata a la perfección la corrupción del morenista.
Los legisladores locales no perdieron oportunidad para hacerse de espacios en los medios locales, y la encargada de ello fue Simey Olvera, la candidata a diputada federal en Actopan por Morena, quien por cierto no renunció a su cargo como legisladora local, pues dicen que no tiene seguridad de figurar ni un poco en estas elecciones, tan es así que un año y medio no abonó en nada a las filas del PRD, partido del que brincó a Morena porque no le quisieron dar una diputación federal dado que no levantaba votos ni en su cuadra.
Aparte de todo el posicionamiento de Simey Olvera, dio un discurso emotivo contra el gobierno, pero se olvida de que ella se dio a conocer por “piratearse” una propuesta sobre legislación en materia cultural y que se ha caracterizado por haber pasado el tiempo chateando en su celular y tomarse su cafecito mientras emitía prolongados bostezos o de plano se ausentaba de la sesión.
Es así como Morena se prepara para librar una batalla en tribunales porque no podrá hacerlo en las urnas; pese a que en algunos momentos parece incrementar su fuerza, sólo debe su efímera presencia al efecto López Obrador, además de que las peleas entre Canek Vázquez y Damián Sosa están a la orden del día, ambos personajes que son verdaderos emblemas de traición en la política hidalguense.
