Hidalgo (TEEH) volvió a instar a los 84 ayuntamientos a que no traten a sus regidores como civiles y no les restrinjan información necesaria para el desempeño de sus funciones.
Lo anterior durante la resolución del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEEH-JDC-104/2021 que interpusieron los munícipes de San Felipe Orizatlán, Ana Karen Cruz López y Carlos César Pérez Escamilla, contra su alcaldesa Erika Saab Lara.
Acusaron que fue omisa en atender su petición del 7 de abril de proporcionarles datos para sus funciones, por lo que adujeron era una violación a sus derechos de ser votados en calidad de funcionarios.
En ese sentido, la acusada reviró al TEEH mediante oficio que el acto era inexistente, que la documentación era de carácter privado y que, además, los interesados no habían proporcionado ninguna dirección para canalizarles lo pedido.
No obstante, el magistrado ponente Leodegario Hernández Cortez refirió que del análisis se desprendió que no era una contestación probatoria y por lo tanto no había claridad en el cumplimento a la petición de Cruz López y Pérez Escamilla.
Ante ello, declaró fundados los agravios y mandató cuatro puntos resolutorios a la presidenta municipal: 1) notifique personalmente en un plazo de cinco días tras la sentencia sobre la contestación a los regidores; 2) que les entregue lo solicitado; 3) informe al TEEH el cumplimiento y 4) se abstenga de repetir el acto.
Finalmente, Hernández Cortez externó que a los miembros de un ayuntamiento no se les puede tratar como civiles; consideración en la que coincidió su homólogo Manuel Alberto Cruz Martínez sobre que deben entender que son un órgano colegiado para la toma de decisiones
“Y que no argumenten que hay reserva en la información, que debe hacerse por transparencia o que es oculta, deben darla para el desempeño mínimo de los trabajos locales.”
