PREPÁRENSE. Ley Mordaza: todo con medida…hasta la verdad

Redacción

Sólo tres minutos, y ni un solo debate, tomó a los diputados federales aprobar las reformas al artículo 1916 del Código Civil Federal, concernientes al daño moral, que tipifica como delito comunicar, “a través de cualquier medio tradicional o electrónico, la imputación de hechos ciertos o falsos a una persona física o moral, cuando pueda causarle deshonra, descrédito, perjurio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

Esta limitación de la opinión de los medios de comunicación, especialmente los digitales, ha llevado a nombrar estas reformas como “Ley Mordaza”, la cual, aseguran los legisladores, no atenta contra la libertad de expresión, garantizada por la Constitución Política, sino que le pone “límites” en el “derecho al honor y a la imagen”.

Las reformas tuvieron la aprobación de 386 diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados: PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, MC, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Una vez aprobada la reforma, el grupo parlamentario del PRI festejó en Twitter:

“Se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”. Y hasta presumió: “#LoHacemosporTí”.

Tras la noticia, diversas opiniones se han hecho escuchar, como la del abogado de Artículo 19 (organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información), Leopoldo Maldonado y que reproduce la agencia “La Silla Rota”, quien señaló que si bien la libertad de expresión está amplia y robustamente protegida por la jurisprudencia nacional e internacional, “en el actual momento político, que plantea una regresión en materia de derechos humanos, sí hay que estar muy alerta”.

El legista agregó que con este tipo de reformas se quiere mandar un mensaje para inhibir y amordazar, pero insistió en que hay bastantes salvaguardas que protegen la libertad de expresión a través de la jurisprudencia de la Corte que es obligatoria para todos los tribunales del país.