Quedan a deber Fiscalía Anticorrupción y Congreso en caso Calnali

La regidora Yareli Melo lamentó que en la entidad “la justicia no sea pareja para todos”, pues al alcalde se le aceptó que por la vía de justicia alternativa sólo pague 2 millones de pesos en mensualidades por la mala ejecución de 78 obras públicas.

Es frustrante para los ciudadanos que el alcalde de Calnali, Isaid N, aun estando vinculado a proceso y con otras cinco carpetas de investigación abiertas, no tenga un resultado similar al de otros alcaldes que enfrentan a la ley, señaló la regidora Yareli Melo Rodríguez.

En entrevista, la edil lamentó que en la entidad “la justicia no sea pareja para todos”, pues al alcalde se le aceptó que por la vía de justicia alternativa sólo pague 2 millones de pesos en mensualidades por la mala ejecución de 78 obras públicas que no fueron debidamente realizadas durante su encargo como director de obras públicas (en la administración pasada).

“En el caso de los alcaldes que recientemente fueron vinculados a proceso, de inmediato se dio la destitución del presidente municipal conforme a derecho, pero en caso de Calnali el trabajo en materia de procuración de justicia deja mucho que desear”, dijo, en referencia al proceder de la Fiscalía Anticorrupción que es encabezada por Alicia Medina Castelazo.

Isaid N, desde que rindió protesta como alcalde, estaba inhabilitado para ocupar un cargo público, pero aun así ejerció; y a pesar de que se le hizo un juicio político en el Congreso local, el Tribunal Electoral local lo exentó de la sanción (de la inhabilitación).

Lamentó que la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, a cargo del diputado Noé Hernández Bravo, sea “inoperante”, pues no ha resuelto el expediente bajo la excusa de que están a la espera de información: “Me causa extrañeza que hoy se hable de que no se tolerará ningún acto de corrupción, pero entonces ¿cómo se llama esto?, la Comisión tiene que actuar”, reclamó.

E informó que, en días pasados, el alcalde Isaid fue acompañado por Álvaro Bardales, contralor estatal, para revisar las obras pendientes de recepcionar.

La regidora priista indicó que los habitantes son quienes se sienten defraudados porque existe una omisión ya por parte del Congreso de Hidalgo para responder, “pues es una práctica dilatoria” similar a la que se aplicó en la legislación pasada.