Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos de la LXVI Legislatura del Senado de la República desecharon la propuesta del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que reformaba la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el objetivo de que las entidades federativas tuvieran concurrencia para conocer y resolver estos ilícitos.
Dicho planteamiento había sido mencionado públicamente por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien pidió que en la Cámara alta se retomara la iniciativa, e incluso refirió su intención de promoverla ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
El 26 de junio de 2024, aún con la LXV Legislatura en funciones, el senador Ricardo Monreal formalizó el proyecto de decreto que modificaba disposiciones de la citada normativa para dotar a las autoridades del orden común de la facultad de investigar y sancionar penalmente el delito de robo de hidrocarburos, sin perjuicio del tratamiento sobre el destino final del combustible extraído de manera ilícita.
Además, la propuesta buscaba reforzar las estrategias federales en el combate a este delito de fuero federal.
Dentro de los considerandos, se planteaba modificar la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer penas concurrentes en materia de hidrocarburos, permitiendo que las autoridades locales encargadas de la procuración e impartición de justicia, en el ámbito de sus competencias, conocieran y resolvieran los delitos previstos en la ley.
La iniciativa, que también fue promovida por Menchaca cuando fue legislador, pretendía incorporar un mecanismo para que las autoridades de seguridad, procuración, impartición de justicia y ejecución de sanciones de las entidades federativas conocieran y resolvieran delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Asimismo, contemplaba la vinculación entre ministerios públicos locales y federales para definir la atracción o no de las investigaciones.
Sin embargo, en abril de 2025, las comisiones unidas de la LXVI Legislatura analizaron el proyecto y concluyeron que carecía de técnica legislativa, ya que no distinguía con claridad los casos en los que intervendrían autoridades federales o locales, ni consideraba la emisión de legislaciones estatales para regular dichas atribuciones.
Reiteraron que hasta ese momento no existían cambios en el artículo 73 constitucional que permitieran establecer la concurrencia de facultades.
Las comisiones legislativas recordaron que, en primera instancia, era necesaria una reforma constitucional para otorgar atribuciones concurrentes en la investigación y sanción del robo de combustibles, y posteriormente emitir las leyes generales correspondientes.
Otro de los argumentos para desechar la propuesta fue que, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se reportó un ahorro de 337 mil 730 millones de pesos gracias al combate al huachicol.
“Por lo anterior, se aprecia que la aplicación de la ley vigente, tal como se encuentra planteada, es eficaz, por lo que se considera conveniente continuar con el marco jurídico actual”, señalaron.
Destaca que entre los integrantes de las comisiones figura la senadora hidalguense del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien votó a favor del desechamiento junto con el resto de los parlamentarios, sin registrarse sufragios en contra.
Finalmente, se observa que en el listado de asistencia no aparece la firma del senador de Morena por Hidalgo e integrante de la Comisión de Energía, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
