En México, tres de cada cuatro hijos no reciben pensión alimenticia, y uno de cada tres hogares es sostenido por mujeres; es decir, en 11.4 millones de familias está ausente la figura paterna, lo que refuerza la importancia de impedir que deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular.
Durante el conversatorio “Reflexiones sobre las obligaciones alimentarias y su impacto en los procesos electorales”, Ana Luz Ángeles García, coordinadora estatal de la asociación civil Mamá, hija e hijo en libertad, destacó que el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos permitirá visibilizar una problemática social que durante años se ha normalizado y mantenido en el ámbito privado.
Señaló que este fenómeno estructural refleja que el 67.7% de niñas, niños y adolescentes no recibe pensión alimenticia, lo que equivale a aproximadamente 4.18 millones de padres ausentes.
Subrayó el impacto social y simbólico de que este padrón sea público, ya que eleva el estándar ético de quienes aspiran a un cargo de elección popular, fomenta la responsabilidad social y permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas al momento de votar.
“No se puede aspirar a un cargo cuando no se cumplen responsabilidades sociales”, expresó Ángeles García, quien también urgió a fortalecer la coordinación entre tribunales, juzgados y autoridades electorales para agilizar el flujo de información sobre sentencias, sin dejar de lado el equilibrio entre el interés superior de la niñez y los derechos político-electorales.
Por su parte, Abigail Díaz, representante de la asociación civil Ley Sabina Hidalgo, reconoció la voluntad política de diputadas locales para concretar el registro público de deudores, al señalar que el abandono paterno es una forma de violencia normalizada e histórica que ha derivado en condiciones de precariedad para muchas infancias.
“No se trata de exhibición, sino del cumplimiento de una obligación, porque esta violencia económica afecta a las infancias y a las mujeres”, afirmó.
Asimismo, advirtió que niñas, niños y adolescentes en esta situación enfrentan mayor vulnerabilidad ante riesgos como el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada.
En tanto, la diputada local, Karla Perales Arrieta, puntualizó que la iniciativa contempla inscribir en el registro a quienes incumplan durante 90 días —de manera consecutiva, o no, dentro de un año— con el pago de pensión alimenticia ordenada por un juzgado, en apego al Código de Procedimientos Civiles.
Reiteró que la medida no vulnera los datos personales de los implicados y fortalece la confianza en los procesos democráticos.
“Sí impacta directamente en la democracia, porque refuerza la confianza y legitimidad de quienes participan en las elecciones; quien incumple con sus obligaciones básicas genera desconfianza”, concluyó.
