El Congreso de Hidalgo aprobó el dictamen por el que se reforma la Constitución Política de la entidad y que establece la prohibición para ocupar cargos de representación popular y como funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimenticias.
A 24 horas de que fue presentada esta ley que se armoniza con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reformó los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, esta propuesta local fue validada y se tendrá hasta agosto próximo para ser votada en al menos 43 cabildos de los 84 municipios para poder ser promulgada y entrar en vigor.
La polémica en esta ley radica en que hombres y mujeres que se encuentran ya con sentencia por estos delitos no podrán aspirar a cargos de elección popular, pero dependerá de si los municipios lo aprueban para que aplique en 2024.
La iniciativa, avalada por unanimidad, estipula que los partidos deberán solicitar a los aspirantes firmar un formato en el que, bajo protesta de decir verdad, aseguran que no han sido condenados o sancionados por violencia doméstica, de género o sexual.
Durante la sesión ordinaria 134 de este jueves, los y las diputadas del Congreso estatal aprobaron 25 dictámenes emitidos por la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y se enlistaron temas enfocados en alcanzar la equidad de género, luego de que las mujeres están en desventaja y las medidas desde el legislativo buscan enmendar esta disparidad en sus derechos.
Mientras que a favor de jóvenes se instrumentó la reforma para que la edad mínima para ser diputado sea de 18 años cumplidos el día de la elección y para ser secretario de estado se requerirá ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos.
