El modelo económico neoliberal creado en los años 70 del siglo pasado creó una estela de incertidumbre social que sigue vigente y que ha marcado un encarnizado y cruento paradigma en la economía de occidente para la sociedad.
En este trazo, el comportamiento del Estado creó condiciones para que el capital financiero y de usura legal hiciera del crédito una de las funciones prioritarias de la expansión económica; sin embargo, el crédito ha tenido dos dimensiones distintas: por una parte el que emerge hacia los negocios y que activa las tareas de inversión privada que se ve estimulada por tasas preferenciales del capital financiero vía la legalidad pública que le protege y, en segundo lugar, el crédito que va hacia la sociedad que es encarnizado y que sus tasas son excedentes, al grado que los pasivos que suele crear generan deterioro de la estabilidad económica social.
Una economía con equidad es el principio filosófico de la distribución de la riqueza para proporcionar oportunidades sociales, como señaló John Rawls; sin embargo, no podemos asumir que en occidente existe economía para la distribución de la riqueza, al menos no como lo ha centrado el paradigma neoliberal que ha propiciado la concentración y acumulación de la riqueza para el capital financiero, al tiempo que los grupos de interés actúan como juez y parte en el control del Estado.
Invariablemente, cuando le preguntan a un economista por qué el Estado no puede redistribuir la riqueza entre los que menos tienen y generar oportunidades sociales, suele responder cuestiones tales como: “los recursos son escasos”, “las tasas tributarias y la tributación no alcanzan para financiar al Estado”, “el mercado otorga oportunidades para todos, pero la gente no sabe abordarlo”, “no existe competencia perfecta”, “el ciclo económico tiene sus propias lógicas”… en fin, planteamientos que asemejan la crueldad de un campo de concentración y no la certidumbre de un Contrato Social para la equidad y dignidad humana.
Es evidente que podemos crear un mejor Contrato Social a través de una ingeniería constitucional que asuma el compromiso del Estado como un principio de soberanía de equidad social, no como una competencia social. En esta lógica, la asimetría económica legal es plausible, si admitimos que el Estado permitirá una redistribución de la riqueza en favor de los sectores que menos tienen y garantizará que la hacienda pública actúe como una entidad solidaria e impulsora de las oportunidades sociales.
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Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
