El fatalismo político priista va en aumento y Carolina Viggiano, Rubén Moreira, e inclusive Francisco Olvera, vaticinan persecución política y que el proceso electoral 2024 será el más violento de la historia nacional. Esto tiene la intención de crear la imagen de un país desbordado por la delincuencia y el conflicto político, pero también de capitalizar el temor ciudadano para enrarecer el clima electoral y tratar de obtener votos de miedo el 2 de junio.
Cuando la conciencia e inteligencia social es trascendente, el amedrentamiento y la difusión del terror político se convierten en patrañas pusilánimes. El escenario de violencia política en 2024 que advierte el PRI Hidalgo es uno de los tantos absurdos que la oposición utiliza como bandera para los despistados, a sabiendas de que ha perdido la batalla y también la guerra. Pensemos: ¿a quién le conviene la violencia política?
Frente al teatro de fatalidad política, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y el Quijote de la justicia y la democracia, Francisco Fernández Hasbun, se encuentran profundizando la ruta de la transformación en el combate a la corrupción e impunidad. Y es que, por décadas, Hidalgo ha tenido un déficit en la procuración de justicia y democracia que sirvió para proteger los contubernios públicos con los negocios privados que han generado degradación política gubernamental, así como pobreza, desigualdad y erosión social.
Pero la ruta de la transformación de la procuración de justicia y democracia avanza en las pesquisas de la Estafa Siniestra y más allá de sus entretelones. La detención del exalcalde de Pachuca, Eleazar G.S., no responde a persecución política, sino a la inteligencia institucional en materia de probidad pública y democracia cuyos alcances han puesto en jaque a la oposición política en Hidalgo. El peculado y la malversación han sido herramientas de control político y social, por lo que ahora la oposición, desesperada, trabaja en crear escenarios fantasmagóricos de violencia inexistentes.
El trabajo realizado por Fernández Hasbun en la procuración de justicia y democracia es acertado, pero todavía hay que desterrar a las manzanas podridas del antiguo régimen. Es pertinente atender la prescripción del gobernador Julio Menchaca Salazar sobre la participación ciudadana como crisol de la justicia; que se incorpore en el trazo de política pública en la materia para incrementar los logros y avances del gobierno hacia un Modelo Sistémico Transversal de Procuración de Justicia y Democracia.
En lo medular, la impartición de justicia y democracia es transversal a la estabilidad y armonía de la tarea gubernamental, provoca equilibrio social y amplía el horizonte de oportunidades y dignidad humana.
¿Qué le hace falta a la ruta de la procuración de justicia y democracia? La respuesta la dio el gobernador: participación ciudadana.
La participación ciudadana en las tareas del gobierno debe ascender a rango constitucional. Es necesario facilitar a la ciudadanía espacios de deliberación en las tareas públicas, de modo que se amplíen los cordones de seguridad ciudadana y se cree un vínculo de auditoría social frente a los esquemas y modelos de seguridad pública en el país.
Es vital entender la lectura de la realidad del gobernador Menchaca Salazar: la participación ciudadana es el epicentro de equilibrio y fortalecimiento de la procuración de justicia y democracia. Su visión congrega el paradigma del “Estado preventivo” que, en la actuación de su escudero Fernández Hasbun, empodera la conciencia pública en pro de la estabilidad, paz y armonía social, con lo que es posible derrotar al fatalismo político.
