Redacción
Ha llegado el desenlace para uno de los casos que hicieron historia en España: el de la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Unrdangarin, al ser la primera vez que un miembro de la familia real española era condenado a prisión. Él podría pasar seis años en la cárcel, mientras que ella solamente se hizo acreedora a una multa.
Tras diez años de investigación y más de cinco de proceso, la Audiencia Provincial de Baleares emitió este viernes el fallo judicial sobre el caso Nóos, en el que se condenó a seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin.
Urdangarin y la infanta Cristina fueron apartados de las actividades de la Casa Real española cuando se inició el procesamiento en su contra, incluso fue uno de los detonantes para que en abril de 2014 el rey Juan Carlos -hoy sólo rey emérito- abdicara en beneficio de su primogénito varón -como marca la ley-, el actual monarca Felipe VI.
Sin embargo, la condena es notablemente inferior a lo que solicitaron tanto la Fiscalía como la acusación particular, que reclamaban penas de más de 19 años de cárcel para los dos principales imputados en esta trama de corrupción político-empresarial: Urdangarin y su socio y amigo, Diego Torres. Pero para Urdangarin los jueces decidieron una condena de seis años y ocho meses de cárcel, por lo que tendrá que entrar en prisión una vez que terminen los plazos para la presentación de recursos ante el Tribunal Supremo y, si así lo decidieran los jueces, incluso podría no pisar la cárcel hasta que haya una sentencia firme por parte de este tribunal, que es la máxima instancia en procesos penales.
Diego Torres, socio y dueño a partir iguales de las empresas que crearon para desfalcar al erario público, obtuvo una condena mayor, de ocho años y seis meses de cárcel.
La infanta Cristina fue multada con 265 mil euros por la acusación de cooperación necesaria en varios delitos fiscales de su marido, lo que significa que una vez que ya había depositado ante la justicia más de 500 mil euros para cubrir las hipotéticas multas que le podría acarrear el proceso, ahora el Estado le deberá devolver el dinero que sobre, es decir, más de 235 mil euros.
