“El concepto de Constitución es uno de los más arduos de construir dentro del marco conceptual de la ciencia del Derecho, se trata de un concepto que ha tenido y tiene un sinfín de formulaciones, muchas de ellas inclusive incompatibles y contradictorias entre sí.” – Dr. Miguel Carbonell
Cada 5 de febrero se debate acerca de si la Constitución Política vigente cumple con los requerimientos, estándares y parámetros necesarios para regir a la sociedad actual, o si se necesita una nueva para cumplir esos objetivos. Pues bien, aquí es donde académicos y doctos del Derecho entran en conflicto: por un lado están los puristas que insisten en la necesidad de reformarla, y por otro lado, los que hablan de que en pleno siglo XXI se debe redactar una nueva Constitución. Ésto último no es de extrañar, ya que la mexicana es una de las Cartas Magnas más longevas y que siguen vigentes.
El problema es que los mexicanos no podemos seguir tratando de tener una Constitución como la norteamericana, ya que no hemos sabido llevar, a lo largo de la historia, una vida “política y jurídica” estable; hay que recordar que la actual fue concebida en 1917 y que desde entonces ha tenido 699 reformas (contabilizadas hasta el 5 de febrero de 2017), de las cuales 147 fueron dentro del gobierno Peña Nieto, mientras que la Constitución norteamericana consta de 27 a lo largo de su historia.
Sin embargo, tampoco estamos cercanos a promulgar una nueva Constitución debido a nuestro modelo jurídico, ya que la partidocracia en la que vivimos sería uno de los grandes impedimentos. Ejemplo de esto es la constitución de la CDMX, que además tiene en contra la indiferencia de los ciudadanos y la ignorancia de sus mismos derechos.
Lo que debería realizarse es un examen técnico sobre la Constitución y ver qué partes salen sobrando, pues algunas reformas no tienen razón de ser y fueron hechas para resumir artículos y derechos que estaban contemplados en otros artículos (como el artículo 1, cuyas adiciones se encuentran en otros artículos, como el 133, principalmente), y hay otras reformas que necesitan una modificación urgente, como las referentes al campo, trabajo y economía.
Sin lugar a dudas, nuestro gobierno y la misma sociedad no están preparados para una nueva Constitución, pero sí es urgente un examen técnico constitucional, que las mismas instituciones la respeten y la hagan respetar; asimismo, que se diseñen programas para que los ciudadanos conozcan sus derechos y hacerlos partícipes de la vida jurídica del país.
Por: Armando Nieto Hernández
Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Pachuca; maestro en Derecho Procesal Constitucional por parte de la Universidad Panamericana; miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Jurista, filósofo, escritor, amante del arte, la poesía, la música, los libros y el buen vino. Especialista en temas de carácter constitucional, político y económico-social.
