Las detenciones de exfuncionarios públicos de la administración de Omar Fayad se suceden sin que hasta ahora su criminalización haya aleccionado a la clase política que ha hecho de los fondos públicos el oasis de una estructura de corrupción e impunidad.
Las huellas del peculado y la malversación de fondos públicos atienden a una cadena de corrupción de poder, que en la cúpula de la administración pública favorece a servidores que cuentan con la discrecionalidad de la toma de decisiones y operan bajo los esquemas del desvío de caudales, licitaciones para infraestructura y programas sociales, así como contubernios con negocios de la esfera privada y en la oscuridad con la transferencia de favores políticos.
La detención de Verónica Vizzuett Balderas, coordinadora de Planeación Financiera, bajo el mando de Jessica Blancas, secretaria de Finanzas de la administración de Omar Fayad, advierte sobre los problemas de implementación de protocolos y escrutinio fiscal de la administración pública y su probidad. Estamos en presencia de una cadena de corrupción que a gran escala no puede ser llevada a cabo por una sola persona, por lo que cada uno de los funcionarios detenidos de la pasada administración son causa-efecto de una red de corrupción.
La clave de esta red de corrupción estriba en que la procuración de justicia en su dimensión de investigación sea capaz de encontrar el punto de quiebre de los eslabones del peculado, crimen contra la probidad pública que en torno a la administración gubernamental que precede a la del gobernador Menchaca Salazar indica que el escrutinio fiscal debe pisar el acelerador sobre las múltiples formas con que se manejó el peculado y con ello desmontar esta cadena de ilícitos.
Lo que subyace dentro de las pesquisas sobre la investigación de peculado en la administración Fayad no sólo es la gestión operativa de la procuración de justicia de Santiago Nieto, que hasta ahora lleva un paso impecable, sino de las posibles negociaciones que en pro de la estabilidad política de la 4T en su administración federal puedan generar “impunidad positiva”, es decir, “te perdono el pasado de peculado mientras no obstruyas mi administración ni la operación político-social”, análogo a los acuerdos de testigos protegidos en Estados Unidos que condonan o conmutan penas. En México implicaría la caricatura del “político protegido”, acuerdo tras bambalinas, rostro de estrategia política frecuente de las negociaciones y transiciones políticas en México.
La procuración de justicia en Hidalgo, hasta ahora, no se ha extraviado en las diferentes pesquisas que ponen a la “Estafa Siniestra” como el ejemplo de los eslabones del peculado, por lo que no se puede asumir que no existen conexiones de una cadena de corrupción descendente que, si pone en el escrutinio a Vizzuett Balderas, no genere el escrutinio jurídico e investigación sobre la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas.
No puede primar la “impunidad positiva” en el sexenio del gobernador Menchaca Salazar, porque sería el mayor de los despropósitos que relegaría la probidad pública a botín de negociación política en este excelente inicio de la procuración de justicia y democracia en el esplendor del primer año de gobierno. Dejar en indefensión al pueblo frente a la “impunidad positiva” de las manzanas podridas, en uno de los estados con mayor desigualdad y pobreza del país, implica la degradación humana y política de la 4T.
Abrazo solidario
Por este medio, enviamos un abrazo solidario al periodista y director de El Universal Hidalgo, Jorge Martínez, por la irreparable pérdida de su hija. Deseamos pronta resignación para él y su familia.
