El erróneo escenario planteado por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, en materia de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, atribuyendo este acto de corrupción como una responsabilidad y deber de contención de los partidos políticos, evidencia la precaria concepción e implicaciones que personeros de instituciones vitales para la democracia y el orden sistémico de la nación presentan en su actuación.
Esta grave carencia de conocimiento y visión de la corrupción política como instrumentos del crimen organizado, advierte que las estructuras institucionales no han comprendido que la corrupción pública es una anomia que tiene raíces en contubernios organizados; no es una realidad parcial o aislada, como ocurre en la infiltración de los procesos electorales que deben ser controlados o arqueados -como señala González Escalona- por los partidos políticos, sino como una condición endémica-institucional que debe involucrar al aparato de Estado de manera integral.
La cloaca destapada por el contubernio delictivo del diputado del PT, Edgar Hernández Dañu, que la consejera presidenta de IEEH lo adjudica como responsabilidad a su partido político, no puede ser tratado ni admitido bajo la ingenuidad y despropósito de una condición escindida de las implicaciones de la corrupción política como crimen organizado; es necesario ampliar la visión de Estado y sus personeros sobre lo que implica el crimen organizado y la transversalidad de la acción pública.
A nivel internacional, las estructuras institucionales que manejan la ingeniería de los procesos electorales presentan condiciones transversales de custodia de los mismos, precisamente porque la infiltración del crimen organizado es percibida desde el aparato de Estado y no como una cuestión escindida o insular al control de los procesos electorales y mucho menos de los partidos políticos, esta es la precaria visión de las declaraciones de la consejera presidenta González Escalona.
Asegurar que la democracia sea cautelada desde una visión transversal de las instituciones del Estado es el paso en firme para garantizar su sentido de patrimonio político ciudadano. Parcelar las actuaciones de la esfera pública es lo que ha llevado al cisma que permite que la política sea crimen organizado y que el crimen organizado pueda infiltrar a la esfera pública; se debe entender que el crimen organizado requiere de un poder orgánico para operar y las instituciones públicas, históricamente, presentan corrupción e impunidad orgánica, cuestión que se ha destapado en múltiples ejemplos como la estafa maestra y la estafa siniestra, Ayotzinapa, Odebrecht y Fertimex.
No se puede pensar ni actuar sin inteligencia institucional integral.
El IEEH, así como la estructura electoral nacional, no puede caer en confusiones, miopía de concepciones erróneas y distantes que asumen tácitamente que el proceso electoral está escindido frente al crimen organizado y que los partidos políticos son ínsulas privadas responsables del interés público que hacen de su información el escrutinio propio de investigación que depura y acepta la limpieza de sus candidatos (los partidos políticos no son organismos de investigación criminal) y de sus procesos de selección, esto es una manzana podrida antes de caer del árbol.
Estamos en el horizonte de la elección presidencial de 2024, proceso histórico que exige ser blindado de antemano, por lo que asumir que “son los partidos políticos los que tienen la responsabilidad de contener la infiltración del crimen organizado” es un despropósito tan grave como pasarle las llaves del coche a un adolescente de 14 años, ambos casos apuntan a la tragedia.
