A ocho meses de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Rufino León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial, informó que se ha sancionado a 43 servidores públicos en todo el país.
Mencionó que entre estos casos se encuentra la suspensión de un juez de distrito en el estado de Hidalgo. Detalló que, tras una investigación exhaustiva, se detectaron irregularidades graves en el desempeño del juzgador.
"Detectamos que, de una manera incorrecta, la actuación de un juzgador que fue suspendido estaba direccionada a proteger los intereses de una empresa. Y de manera incorrecta se otorgaron suspensiones para descongelar cuentas que un juez de primera instancia había decretado su aseguramiento", explicó el magistrado.
Tras su suspensión, abogados señalaron que, al no haber una persona en el cargo, existe un retraso en el análisis de expedientes derivado de esta vacante. No obstante, León Tovar aseguró que ya se trabaja con el órgano de administración para designar a alguien que cumpla con los requisitos de idoneidad, honestidad y conocimiento.
Sobre los 43 servidores públicos sancionados, indicó que las medidas disciplinarias dependen de la gravedad de la falta, y van desde amonestaciones —por faltas administrativas menores— hasta inhabilitaciones y suspensiones en casos donde se comprueba corrupción o nepotismo.
Agregó que entre las medidas precautorias se contemplan suspensiones inmediatas cuando se detecta que un juez emite resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes, lo que permite realizar investigaciones sin afectar la administración de justicia.
Sobre posibles violaciones a los derechos de los jueces suspendidos, el presidente de la comisión fue enfático en que se respeta el debido proceso. Precisó que, durante el tiempo que dure la investigación administrativa, los juzgadores no quedan en el desamparo.
"Nuestra propia normativa establece que durante el tiempo que dure el proceso administrativo se les proporciona lo que se llama el mínimo vital, que es como el 35 por ciento de su salario. Si los juzgadores resultan sin culpa, se les reintegra a su puesto y se les pagan los salarios caídos", puntualizó.
Subrayó que el Tribunal de Disciplina Judicial no sólo combate la malversación de fondos o la "compra de jueces", sino también conductas que vulneran la dignidad humana dentro de la institución.
"Tenemos casos en donde hay acoso laboral y, por desgracia, acoso sexual contra compañeras de los tribunales. En esos casos, el tribunal suspende de manera inmediata a los juzgadores para evitar que se sigan perpetrando estos actos que laceran sobre todo al género femenino", sentenció.
