ÚLTIMA LLAMADA. Coparmex exige al gobierno combatir la inseguridad

Verónica ANGELES

Ante los niveles de violencia y crimen que se han alcanzado en los últimos meses tanto en México como en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, presidente de Coparmex Hidalgo, hizo un llamado a las autoridades para que inicien las reformas en materia de seguridad pública.

Por medio de un comunicado de prensa titulado: “Seguridad. La última llamada”, la Coparmex menciona como “imprescindible que el gobierno actúe para superar el panorama desolador que en esta materia atraviesa nuestro estado”.

El documento señala que los cambios institucionales para combatir la inseguridad no pueden esperar, “toda vez que el crimen no opera conforme a los ciclos políticos (…) la elección no es, no puede ser una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda”.

En Hidalgo –cita el escrito-, tan sólo en lo que va de 2018, hay un promedio de 239 homicidios, mientras que en 2017 el número de homicidios fue de 700, de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al tiempo, menciona que en el primer trimestre de 2018, ocurrieron en la entidad 42 robos a trenes y vías, casi la mitad de la totalidad de hechos ocurridos en 2017, que fue de 94 robos,según el reporte de seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Mientras que en negocios, de enero a abril de 2018, se registraron 508 robos, y en 2017 el número fue de mil 586.

Rivera Barquín subraya que la inseguridad causa un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad para atraer inversión, para generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza, de ahí la urgencia de que las autoridades no posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz.

Las cifras también señalan que la cadena impune de Hidalgo muestra un índice de 70.47 por ciento en 2018, mientras que en 2016 era del 67.90 por ciento, ante ello, la Coparmex se manifiesta a favor de la transformación de las instituciones de seguridad pública en todas sus etapas, desde la prevención del delito hasta el sistema de sanción y castigo.