El municipio es la célula básica de la estructura del poder político, encarna la representación gubernamental del interés público de mayor proximidad con la ciudadanía. Sin embargo, sus lógicas y estructura de representación popular atienden a la opacidad pública de un primitivismo político de las lógicas de organización del Estado nacional.
Yahualica es uno de los municipios con mayor índice de pobreza en Hidalgo, sus contrastes sociales en pleno siglo XXI invitan a pensar que la 4T es un proceso inconcluso en los alcances de un México descarnado y ávido de justicia social.
La composición política sui generis que tienen las alcaldías en su ingeniería burocrática, aunada a la creciente rapacidad de la clase política, ha develado lo mismo en la estafa siniestra que en la malversación de fondos públicos y peculado: el rostro de un Hidalgo que por décadas ha permitido el abuso público, marginando el poder ciudadano en uno de los estados más pobres del país, donde los contrastes y asimetrías sociales han escalado a niveles inenarrables.
Senón Navarro, alcalde de Yahualica, es señalado por los habitantes de su municipio de haber incurrido en inconcreción de la tarea y obra pública, opacidad y falta de probidad, al igual que en el dispendio personal y de percibir un salario mayor al del gobernador Julio Menchaca Salazar, lo que ha ocasionado movilizaciones ciudadanas y desencuentro gubernamental.
El escenario en Yahualica devela los factores inmediatos de la inconsistente relación entre transparencia y poder ciudadano en una democracia representativa. En primer término, no existen o son precarios los protocolos de control ciudadano sobre la planeación municipal y sobre el monto de sus nóminas, debido a que el cabildo establece los montos de manera autónoma y unidireccional, por lo que no es ilegal, pero sí ilegítimo y fuera de la ética pública, que un alcalde pueda ganar más dinero que una entidad gubernamental como el gobernador e inclusive el presidente de la República, como alguna vez ocurrió en el municipio de Huejutla.
Por ende, desde hace décadas existe el clamor por una estructura municipal con poder de decisión ciudadana, cuestión que no logran las asambleas públicas o de cabildo abierto para controlar o establecer protocolos dentro de su ingeniería burocrática para frenar los abusos de poder, donde los ayuntamientos se conciben como juez y parte del destino de la ciudadanía.
Transparencia y democracia son vectores entrelazados del poder ciudadano no sólo en la estructura municipal, sino como el epicentro del Estado democrático de derecho, cuestión que ha quedado relegada de facto, pese a que es innegable que la burocracia ha tenido que ampliar las condiciones de la Ley de la Administración Pública para contener el reclamo social, que en realidad es el artífice del freno de los apetitos de la clase política.
El primitivismo político y oscurantismo público que personifican alcaldes al estilo de Senón Navarro no es exclusivo de municipios donde la ignorancia y marginación social son una constante; Pachuca es mudo testigo de inconsistencias de probidad e integridad del encargo público, por lo que no es sólo el peculado y la malversación de fondos lo que prima como anomia de la rapacidad de la clase política que ha marginado al poder ciudadano del municipio.
