La noticia sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el recurso de revisión del amparo interpuesto por la UAEH sobre su autonomía ha generado especulaciones e hipótesis al por mayor, ya que se trata de un tema que se constituyó como tabú durante décadas.
Viene al caso citar que uno de los motivos para brindar autonomía a las universidades públicas se debía a las condiciones políticas del pasado y, por tanto, como forma de protección a la comunidad universitaria que en 1968 sufrió la intromisión de huestes militares con la intención de reprimir las expresiones juveniles de aquel momento.
Lo interesante en el contexto actual es que los motivos son por mucho distintos a las décadas anteriores, y entre uno de los peores males que aquejan a las instituciones de educación superior podemos encontrar la presencia del narcotráfico cada vez con mayor intensidad, en detrimento de los estudiantes.
Diversos incidentes violentos se han dado en instituciones nacionales por este tema, desde homicidios, feminicidios y violaciones, sin contar el incremento de población dependiente a diferentes sustancias degenerativas.
Por otro lado, hemos sido testigos de la llamada “Estafa Maestra” que llegó a empapar al estado por desvíos millonarios del erario a través, precisamente, de universidades públicas que basan su defensa, en gran medida, en la autonomía con que cuentan en temas financieros.
Actualmente el concepto de autonomía universitaria se ve reducida a un mando sobre un grupo poblacional que se constituye como capital político para sus líderes, que cada día mezclan más sus ardides grillos en la academia. Tal es el caso de la UAEH, que muda de colores como Gerardo Sosa de partido, y que para nadie es desconocido que sirve como colchón financiero y pone a los integrantes de la comunidad universitaria a trabajar en campañas.
Sumado a todo este panorama se encuentran los negocios de cada universidad que no son transparentados y generan grandes ganancias, que son utilizadas para beneficio de sindicatos y autoridades administrativas.
De todo esto se desprende que tal vez nos encontremos en los albores de una nueva etapa en el marco jurídico que permita crear controles eficaces para detener la corrupción dentro de las universidades, la cual trae como consecuencia violencia, estafas y falta de academia.
