(Tomado del documento de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y El Caribe, 2018)
Es bien sabido que la calidad es un concepto difícil de definir, sobre todo si se trata de llegar a algún consenso. En la literatura pueden encontrarse múltiples definiciones, pero tal vez la conclusión más importante es que la calidad de la educación superior no puede analizarse sin tomar en cuenta el entorno social, económico y tecnológico en que se desarrolla y de los objetivos que busca.
En todo caso, cualquier definición actualizada de calidad no puede dejar de considerar la diversidad de la educación superior, lo que exige tomar en consideración la pertinencia del proceso formativo, el respeto a la autonomía de las instituciones y la valoración de distintas maneras de operar con calidad.
Tomando en cuenta estos elementos, se propone una definición basada en tres componentes fundamentales: la consistencia interna, la consistencia externa y la correspondencia de medios a fines (o de recursos y procesos, a resultados esperados).
La consistencia interna se refiere a la capacidad de una institución para identificar su entorno significativo en el marco de sus valores, principios y prioridades. Ese entorno es, en síntesis, el territorio en el que desarrollará su acción, que está conformado principalmente por las funciones institucionales que desempeña y su peso relativo, los niveles formativos que ofrece, las áreas del conocimiento que cubre, el tipo de estudiantes que atiende. De este modo, puede establecer quiénes son sus usuarios o grupos de interés prioritarios.
La identificación del territorio institucional o de su entorno significativo impone la necesidad de hacerse cargo de las necesidades y demandas que provienen del mismo, las cuales pueden ser disciplinarias, laborales, sociales, normativas, u otras, según corresponda. A esto se le denomina consistencia externa y es la que define la pertinencia del quehacer de la institución.
El tercer elemento consiste en la organización interna de la institución, y su capacidad para dirigir sus actores, recursos y procesos a responder las exigencias planteadas en la definición de su identidad y las necesidades de su entorno significativo, es decir, para organizar sus medios en función de los propósitos establecidos.
Desde el punto de vista de la calidad, este aspecto es particularmente relevante, por cuanto permite ajustar los criterios de calidad y sus indicadores a las características propias de distintos tipos de instituciones, algo que difícilmente sucede en los procesos actuales de aseguramiento de la calidad.
Para que una comprensión cabal del aseguramiento de la calidad es preciso señalar que se trata de procesos en los que distintos actores tienen responsabilidades compartidas. En efecto, hay una primera responsabilidad del Estado como garante del derecho a la educación superior, centrada en la capacidad para brindar formación a los ciudadanos, procurar la expansión del acceso e implementar estrategias que aseguren el acceso a la educación como un derecho real de todos los ciudadanos; al mismo tiempo, corresponde al Estado garantizar la calidad de la oferta educativa que se ofrece.
Sin embargo, es importante señalar que, en el marco de las políticas del Estado, las instituciones universitarias, a través de la producción del conocimiento, de la formación de los ciudadanos y de su respuesta a las necesidades del entorno, constituyen el eje y el motor de la transformación de las sociedades en las que se insertan y son las responsables primarias de la calidad de la educación que imparten.
El papel del Estado, que reúne responsabilidades en cuanto al acceso, a la calidad de la formación, al financiamiento para lograr cobertura y calidad, a la evaluación de su sistema educativo y a la planificación para el desarrollo futuro, debe pensarse en el contexto de desarrollo de la educación en América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
En efecto, la transformación de los sistemas de educación superior de América Latina y el Caribe, expresada en nuevas formas institucionales, la diversificación de la oferta de carreras, los cambios en la matrícula, las nuevas formas de enseñanza mediadas por entornos virtuales, y la necesidad de responder a los requerimientos de la internacionalización, impone la necesidad de revisar los mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Sin embargo, no puede pensarse el aseguramiento de la calidad de la educación superior sólo desde la responsabilidad del Estado. Las instituciones de educación superior (IES) tienen un papel central, dada su función de construcción y difusión del conocimiento para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, un papel que deben practicar mediante el ejercicio de la misión institucional con calidad, pertinencia y compromiso social.
Esa responsabilidad va más allá de cumplir con el proceso periódico de acreditación o evaluación que exige o propone el Estado; se juega en la capacidad de las IES para desarrollar de manera sistemática procesos de análisis, revisión, reformulación y mejora continua.
El tercer factor central en el aseguramiento de la calidad lo constituyen las agencias de evaluación y acreditación. Éstas han adoptado distintas características en América Latina y el Caribe, desde organismos estatales hasta agencias privadas, pasando por sistemas mixtos que combinan agencias privadas con supervisión del Estado.
Su acción puede mirarse desde dos perspectivas: la evaluación externa, que contribuye al control y garantía de calidad de la oferta educativa, y la provisión de información para la toma de decisiones y la planificación de políticas para el sector.
En un primer momento, la creación de agencias y el sostenimiento de su actividad constituyeron el principal objetivo de los países. En la actualidad, corresponde afianzar la tarea de las agencias y avanzar en la revisión de sus prácticas a los fines de hacerlas confiables no sólo ante el sistema de educación superior del propio país, sino también ante la mirada internacional.
Continuará…
Por: Roberto Diez Gutiérrez
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Maestro en Educación con especialidad en Comunicación. Maestro Humanidades con especialidad en Educación. Doctor en Humanidades con opción en Educación. Beca al Mérito Académico de la Secretaría de Educación Pública Federal. Fui corresponsal en el Estado de Hidalgo para Organización Radio Centro, Organización Impulsora de Radio y Cadena Radio Centro. Profesor en el Tecnológico de Monterrey (Querétaro e Hidalgo); en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad INECUH de Tizayuca, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID-Tula) y Universidad La Salle Pachuca. Rector de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo (UCLAH); Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); Director General de Educación Media Superior del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior (IHEMSyS) y Director Técnico del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Hidalgo y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población en Hidalgo. Director General de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Colaborador en diversos medios impresos y electrónicos del Estado. Rector de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán (UTMZ). Ex Rector de las Universidades Tecnológicas Minera de Zimapán y Bilingüe de Mineral de la Reforma.
