Francisco Fernández Hasbun recibió la estafeta de manos de Santiago Nieto como encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH); al igual que su predecesor, no es oriundo de Hidalgo, sino de Nuevo León, lo cual deja en claro que en la entidad no hay perfiles que de antemano aseguren un buen desempeño en la materia, o bien, no son de la plena confianza del gobernador Julio Menchaca Salazar.
El destape de la cloaca política de la Estafa Siniestra, evidencia de la corrupción e impunidad en la administración de Omar Fayad Meneses, es sólo la punta del iceberg de un sistema podrido que durante décadas vulneró la justicia social, utilizando al aparato público como plataforma de preservación de privilegios y contubernios del antiguo régimen.
En este escenario operó Santiago Nieto, cuando las pesquisas por peculado y malversación de fondos se convirtieron en la bandera de la alternancia política y democrática de Morena con el ascenso de Menchaca al gobierno.
La designación de Francisco Fernández Hasbun, nuevo quijote de la justicia y la democracia en Hidalgo, apoyada por Nieto Castillo, sucede casi a la par de la vinculación a proceso (mediante una audiencia virtual) del exsecretario de Educación, acusado de defraudación pública por 144 millones de pesos, la cual trasciende las irregularidades en el gobierno de Fayad y que ya ha volteado los reflectores hacia su predecesor, Francisco Olvera, quien busca una diputación.
El trabajo de Fernández Hasbun revelará no sólo los estragos de la corrupción e impunidad que desde el aparato de gobierno operó la cúpula priista, sino también los vínculos de las cofradías políticas con negocios públicos con presencia privada.
Pero esa no será la única gran misión del nuevo encargado de la PGJEH, sino también luchar contra la presencia del crimen organizado en el centro del país, pues ya ha infiltrado procesos electorales y hoy arroja cadáveres en San Juan del Río, Querétaro, fenómeno del que el diputado panista Guillermo Vega Guerrero ha responsabilizado en parte al gobierno de Hidalgo, aduciendo que se trata de “colombianización” o “ecuatorización” de un “Estado sin ley”.
Aunque la justicia tardía es injusticia, más vale tarde que nunca. El contubernio, corrupción e impunidad del antiguo régimen han avasallado históricamente a los hidalguenses, pero por primera vez perciben la posibilidad de una pronta justicia con el compromiso que ya ha mostrado el gobernador Julio Menchaca.
