El impacto de la inclusión política de las personas que presentan alguna discapacidad en el proceso electoral, proyecta una discusión de fondo sobre la equidad sustantiva que debe ser revisada para ampliar la inserción de la diversidad humana en los entramados de la política y la representación pública.
A lo largo de la historia, no son pocos los ejemplos de personas que, presentando una discapacidad, se insertan en diversas realidades del Estado, rompiendo mitos y paradigmas sobre la uniformidad de los entramados legales y los estereotipos sociales.
En estos momentos, sensiblemente, Guillermo Peredo Montes, candidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano por el distrito VI de Pachuca, es una persona que presenta una discapacidad de sordera parcial, que se inserta en la conducción política y la representación pública en Hidalgo, dentro de un marco jurídico-político que, en la materia, tendrá que ir orientando su perfeccionamiento para que la inclusión política se presente desde esta perspectiva humana.
En México existe desde 2011 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que protege el pleno ejercicio de derechos y libertades de las personas que presentan alguna discapacidad. Esta ley debe ampliarse en el marco de las discusiones que vive la nación, para lograr un país de inclusión social, que permita una convivencia en equidad y que genere oportunidades para el tejido social sin discriminación, distinciones o privilegio alguno.
En este contexto, Guillermo Peredo Montes -en sus planteamientos y propuestas-, ha marcado como tema vital la inclusión social de grupos vulnerables; condición que impone una reflexión de fondo, más allá de este proceso electoral, para afinar los retos y desafíos de la nación al respecto.
En este escenario, la representación política, las políticas públicas y la inclusión laboral en materia de personas que presentan alguna discapacidad, ocupa un aspecto central que se debería estar discutiendo a fondo en este proceso electoral, no sólo en Hidalgo, sino también en la nación. La inclusión social, debe ser un entramado temático prioritario en la democracia de representación ciudadana.
En 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el día 3 de diciembre como el “Día Internacional de la Discapacidad”, no sólo para promover el bienestar de las personas que presentan alguna discapacidad, sino para generar a nivel mundial, conciencia social. En el planeta viven mil millones de personas que presentan alguna discapacidad, de ellos, el 80% en países en vías de desarrollo como México; lo cual, impone no sólo repensar lo hecho jurídicamente hasta ahora en temas de inclusión social, sino como una dimensión cultural en el país.
En este trazo analítico, es pertinente señalar que aún existe en México y el orbe, barreras jurídico-políticas y culturales que inciden en la marginación y exclusión de las personas que presentan alguna discapacidad. El ejemplo del candidato por Movimiento Ciudadano, Guillermo Peredo Montes, alecciona que, un ser humano dedicado a la representación política ciudadana, genera condiciones de una oferta política con perspectiva y visión ampliada del espectro social; cuestión que no debe ser pasada por alto, porque sus posturas y diálogos, enriquecen la realidad social.
En esta perspectiva, el Estado mexicano debe seguir ampliando el marco jurídico para la inclusión social; desde una reflexión ciudadana que emerja de la visión de personas que presentan alguna discapacidad, que se encuentran en situación vulnerable o de discriminación, para revalorar el concepto de equidad social en el marco constitucional.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
