El primer año de gobierno de Julio Menchaca Salazar tuvo dos momentos de redefinición política en Hidalgo: alternancia y gobernabilidad.
La alternancia lograda por el proyecto “El Hidalgo que queremos” enfrentó un reto de forma y fondo: debía depurar la estructura de mando de los poderes públicos y el juego de pesos y contrapesos, por lo que el Poder Judicial, a cargo de Santiago Nieto, se convirtió en la guía de conducción política del gobierno, cuestión que implicó erradicar prácticas de corrupción y peculado detectadas desde la Estafa Siniestra, en el gobierno de Omar Fayad. Esto generó una reacción en cadena hacia las pesquisas judiciales, que se focalizaron en alcaldes corruptos, malversación de fondos y arqueos de programas públicos efectuados por personeros de mandos superiores y medios de la administración pasada.
La gobernabilidad fue el efecto de la depuración de la corrupción e impunidad y trazó la línea de corrección política de la estructura de gobierno, pero la persistencia de la infiltración de cuadros gubernamentales del antiguo régimen y del Grupo Universidad puso en entredicho el peso de la gobernabilidad de la actual administración en la crisis de la tiranía educativa de la UAEH y el movimiento REBEL-ARTE, que marginó la mediación política de Menchaca Salazar y su poder de decisión en la administración política del estado.
En esta tesitura de reestructuración política no podía existir alternancia sin gobernabilidad, cuestión que fue bien sorteada por Santiago Nieto, mientras que la Secretaría de Gobierno tuvo la tarea de mantener el equilibrio de la política interna y fortalecer la democracia que Menchaca Salazar impulsó con las rutas de la transformación, que revivieron una dinámica que algunas secretarías y sus titulares tenían olvidada.
Un factor de contrapeso político para el mandatario fue la infiltración de cuadros de las estructuras de gobierno de la vieja guardia en el dilema burocrático de “no son todos los que están ni están todos los que son”, pero lo fue más la presencia del Grupo Universidad en el Congreso local, así como de las rémoras que se adhirieron al proyecto político del “Hidalgo que queremos”, encabezado por el Grupo Plural Independiente en alianza con los partidos de la transformación de López Obrador.
Asimismo, la postura de Julio Menchaca para que su gobierno no interviniera en el proceso electoral de 2024 marcó distancia con las prácticas del antiguo régimen, creando un halo de pulcritud de gobierno, cuestión que incidió en la firmeza de la alternancia y gobernabilidad, pero contrastó con el actuar de Morena Hidalgo, que no visibilizó la selección de candidatos con la amplitud que exigía el momento político, por lo que designaciones al Senado como la de Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa crearon el remolino de pasiones y sinsabores de suspirantes, propios y extraños en la opinión pública y clase política.
El escenario político actual exige un cuestionamiento de fondo: ¿qué implicaciones tiene la partida del gendarme custodio Santiago Nieto en la consolidación de la alternancia y gobernabilidad frente al proceso electoral de 2024?
Las horas están contadas para la renovación política en Hidalgo y también cabe preguntarse si la alternancia y la gobernabilidad seguirán siendo el filtro para los cuadros burocráticos de la vieja guardia, del Grupo Universidad en el Congreso y del peculado, corrupción e impunidad en la operatividad municipalista del gobierno de Menchaca Salazar.
