Está claro que a veces los textos de las leyes no resultan de fácil y rápida comprensión para quienes no tienen siquiera los fundamentos de lo que es el Derecho en México. Hoy, al leer y releer el texto de la propuesta para supuestamente enjuiciar a los expresidentes de México, ésta no parece nada clara, es confusa y su destino es incierto por razones varias.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En primer lugar, en ninguna parte de la pregunta se lee que a quienes se pretende enjuiciar es a los expresidentes de México. Otra duda la plantea el fragmento: “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”; ¿esto incluye, por ejemplo, enjuiciar a López Obrador por cancelar hace dos años los trabajos del aeropuerto (decisión que originó pérdidas de miles de millones de pesos al erario público)?
Parece que lo que el actual gobierno federal pretende es desviar la atención nacional de los grandes problemas que vivimos, como la inseguridad, la pandemia o la corrupción. Y qué mejor momento para pretender un gran movimiento para amenazar con llevar a prisión a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo y hasta a Carlos Salinas, según se lee ya en las fotos de la propaganda preparada para tal fin. Y, por cierto, aquí se les escapó Luis Echeverría.
No cuestionamos que pudiera haber una o varias razones para enjuiciarlos, y no solo a ellos (porque, insistimos, nunca dice la pregunta que solo aplicaría contra los expresidentes), deberían incluir a personajes con un historial tan cuestionable como Manuel Bartlett o Napoleón Gómez, por dar únicamente dos nombres, pero está claro que a través de una consulta ambigua y confusa poco o nada se conseguirá.
El partido en el poder busca que el ya cercano primero de agosto la ciudadanía mantenga y manifieste su aprobación, a través de la participación en la consulta, a un gobierno que con los resultados del pasado 6 de junio ciertamente ganó, pero perdió mucho en relación a lo ocurrido en 2018.
Otro ángulo de la próxima consulta es que el INE no consiguió recursos económicos extraordinarios para este ejercicio. Tenemos presente que, a pesar de las descalificaciones por parte de los más encumbrados morenistas -encabezados penosamente por quien parece todo menos un jefe de Estado-, la jornada electoral transcurrió en paz, sobre todo si la comparamos con el violento ambiente que hoy padecemos en varias regiones del país.
¿Y cuáles serían esas “acciones pertinentes” para esclarecer las decisiones políticas? Podría referirse a reconocer que en algunos gobiernos a “enjuiciar”, México obtuvo un crecimiento económico mucho mejor que el actual, incluso antes de la pandemia. De ahí la frase: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”.
¿A qué tipo de acciones pertinentes se refieren? Proponer un juicio político o abrir una carpeta de investigación, tal vez. Un caso, por ejemplo: de las 12 líneas del Metro, los gobiernos a enjuiciar construyeron 11 sin consecuencias lamentables, a pesar de tantos años transcurridos; la última (la 12) es de la época de Ebrard, con los lamentables resultados que todos conocemos. Habrá que ir entonces contra el hoy secretario de Relaciones Exteriores y fuerte aspirante a la candidatura presidencial por Morena. Ni más ni menos.
Los cuestionamientos a esta consulta parecen interminables y agregamos otro: damos por hecho que no se va a lograr el mínimo de votación que la ley requiere para ser vinculante. Para llegar al 40 por ciento de la lista nominal, se necesita que acudan a votar más de 37 millones de mexicanos en 57 mil casillas a instalar, a diferencia de las 162 mil que se colocaron el pasado 6 de junio, en donde votó el 52 por ciento de dicha lista.
Otra pregunta más: ¿por qué llevar a consulta el enjuiciar o no a alguien que haya cometido un delito por acción u omisión en el desempeño de sus funciones como servidor público? La ley es clara: que la paguen quienes la deban. Solo que se aplique la ley y no se gasten tiempo y recursos en algo que parece superfluo.
Por hoy es todo, nos leemos en la siguiente entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
