El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete no son los únicos responsables por las decisiones que se han tomado en el gobierno federal desde que llegó al poder, en diciembre de 2012. La Reforma Energética fue aprobada en 2013 gracias al apoyo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA); y si bien se opusieron el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, al final se aprobó por mayoría. Pero para ser aprobada y ponerla en marcha, ha requerido del apoyo de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Más recientemente, el Paquete Económico 2017 y las medidas para implementar la Reforma Energética (lo que implica liberalizar el mercado de los hidrocarburos, permitiendo la entrada de competidores y la determinación de los precios de acuerdo a la oferta y la demanda) han sido temas discutidos y aprobados en el pleno de la Cámara de Diputados y Senadores; precisamente a ellos les correspondía valorar la pertinencia de esos cambios aprobados y su puesta en marcha.
Lo absurdo es, una vez iniciado ese proceso y despierta la ira de los ciudadanos -los cuales se mantuvieron relativamente pasivos durante la aprobación de la Reforma y ahora han entrado en cólera al ver cómo les afecta en sus bolsillos-, pretender llamar a un periodo extraordinario para cancelar las medidas ya aprobadas, como pretende el senador Mario Delgado y otros legisladores, lo cual no hace sino mostrar la irresponsabilidad por lo que aprueban y su incapacidad para oponerse con argumentos a esas decisiones cuando se discute en el Congreso.
A sólo un año del inicio de las campañas por la Presidencia del país, el aumento en los precios de la gasolina y la electricidad contradicen las promesas de Enrique Peña Nieto hechas durante su campaña presidencial en 2012, al aprobarse la Reforma Energética en 2013 y en su mensaje de fin de año en 2015. Todo parece poner en evidencia que el presidente es iluso o alguien quiere su cabeza para hundirlo a él y su partido en las elecciones generales de 2018.
Liberalizar totalmente la economía nacional puede ser un buen objetivo en un país donde el Estado fabricaba desde bicicletas hasta barcos pesqueros y era el dueño de la mayoría de las grandes empresas, gracias a lo cual se fomentó la industrialización de México y se impulsó su desarrollo, creciendo a tasas superiores al 5%, en promedio anual, durante años. Algo que no se ha logrado aún con la liberalización de la economía, que sólo ha sumado crecimientos mediocres de la economía y aumento de la pobreza en todo el país.
No obstante, la formación de precios y la adaptación de un sector de la economía regulado por el Estado a la libre oferta y demanda no es un proceso automático y requiere tiempo para la adaptación de productores y consumidores a las nuevas reglas del mercado, a fin de permitir que los precios de todos los productos y servicios (bienes) se formen de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda, y se ponga fin a los precios de monopolio o duopolio vigentes en el mercado.
Todo ello trae consecuencias económicas, sociales y políticas; los agentes en el mercado, Estado, empresarios y trabajadores (hogares) deben estar conscientes de los retos que enfrentarán al liberalizarse la economía, sobre todo cuando se trata de las gasolinas y la electricidad, la fuente de energía de la industria y de la inmensa mayoría de la economía nacional, pues los aumentos en los precios de la energía se expresarán inexorablemente en los costos de producción de todos los bienes, provocando un aumento mayor o menor en todos ellos y reduciendo los ingresos de los hogares.
Uno no puede dejar de preguntarse: ¿quiénes son los asesores del presidente?, ¿cuál es su visión del país, del comportamiento de los ciudadanos, de las reformas propuestas y aprobadas en 2013, del impacto social y político de las mismas? Porque a un año de las elecciones generales resulta un suicidio político echarse de enemigo a los ciudadanos y a la mayoría de los electores.
¿Para qué iniciar el proceso de desregulación del mercado de los hidrocarburos un año antes del inicio de la campaña electoral por la Presidencia? ¿Acaso no hubiera sido más acertado heredar ese proceso al próximo presidente y evitar ponerse la soga en el cuello frente a los electores (al menos frente al 38% de ellos que votaron por el presidente Enrique Peña Nieto y su partido), sobre todo porque se trata de un largo proceso que no terminará en 2017?
Parece que quienes están detrás del presidente, o son miopes desde el punto de vista económico y político, o son “Caballos de Troya” que buscan su cabeza y la de su partido, para hundirlo antes de que inicie la campaña por la Presidencia de la República ¿Acaso un elector, un ciudadano, lastimado por no tener empleo durante el sexenio, por ver diluido su patrimonio y reducir sus ingresos producto de ello y de los aumentos de los precios de la gasolina y electricidad, así como de su efecto en toda la cadena de precios de los bienes, votará por el PRI y sus candidatos en 2018? ¿En qué país vive el presidente del tricolor, Enrique Ochoa Reza, cuando señala que esas decisiones no afectarán a su partido en 2018?
Como si fuera poco el aumento de los precios de las gasolinas y su impacto sobre los costos de producción y la formación de los precios en el mercado de millones de bienes, a ese aumento ahora se suma el incremento de las tarifas de electricidad. Por lo que si los ciudadanos estaban indignados por el aumento de los precios de las gasolinas, ahora su rabia se duplicará, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el argumento del incremento de los precios de los hidrocarburos para producir electricidad y gas (incremento del 77%), ha anunciado que las tarifas eléctricas también se incrementarán en 2017.
Con estos desaciertos, ahora el presidente Enrique Peña Nieto y su partido tienen entre sus manos una bomba de tiempo difícil de desactivar. Las tarifas eléctricas para la industria aumentarán entre el 3.7% y 4.5%, para el sector de los servicios entre 2.6% y 3.5%; mientras que los hogares que se han convertido en usuarios domésticos de alto consumo y pagan la tarifa DAC, deberán de pagar un incremento del 2.6%. No sólo se trata del descontento popular, sino del enojo de los propios empresarios, los cuales ahora en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, critican los aumentos a los precios de los hidrocarburos, por el peso de la carga impositiva en ellos.
Tenemos que decir que se ha formado un mito en torno al precio de la gasolina en México, tratando de convencer al ciudadano que sus precios son muy bajos en comparación con otros países; pero al menos hay 39 países en el mundo donde el litro de gasolina es vendido a un precio menor que en México, entre ellos Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Panamá en América Latina, mientras que en los países donde la economía de mercado funciona correctamente, como en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, por ejemplo, los precios son mayores a 1.5 dólares por litro.
De acuerdo con los datos de Global Petrol Prices, China es uno de los países que vende más caro el litro de gasolina, 1.91 dólares; seguido por Noruega con 1.79 dólares; Islandia con 1.72 dólares y Mónaco, 1.65 dólares. México, que es un país productor de petróleo hasta ahora, vende en 0.72 dólares, en promedio, el litro de gasolina, mientras que en Estados Unidos se vende en 0.67 dólares y en Canadá en 0.92 dólares por litro. Pero en países como Venezuela, el litro de gasolina cuesta 0.01 dólar y en Arabia Saudita, 0.24 dólares por litro.
Los ciudadanos no deben albergar falsas esperanzas sobre una gasolina barata ni en el corto ni mediano plazo. Al igual que ha pasado con la telefonía local y celular, con la televisión de paga, con los precios de los boletos de autobuses o avión, donde su experiencia es tangible, tardará unos cuantos años para que el mercado de los hidrocarburos pueda organizarse y ofrecer combustibles a precios competitivos, en un mercado internacional donde el precio promedio ronda en alrededor de un dólar por litro.
Lo extraordinario de 2017 será ver cómo los precios de todos los bienes que se venden en México se ajustarán a los nuevos precios de las gasolinas y la electricidad, fuente de energía de la industria nacional, pues veremos la reestructuración de todos los costos de producción y nuevos precios; ello se reflejará en un incremento sustancial del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y, por ende, en la inflación, cuya meta ha sido el timón de la política monetaria y económica del país después de la crisis de “los errores de diciembre” de 1994.
Si el gobierno en verdad está empeñado en dejar que la economía de mercado se instaure en todos los sectores de la economía, entonces el Banco de México debería dejar de intervenir en el mercado de divisas vendiendo dólares al mejor postor, para defender una paridad del peso respecto al dólar que le ha costado mantener; debería dejar de intervenir en la economía para que sea el mercado quien determine todos los precios. Establecer el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas en cinco etapas y determinar incrementos máximos a sus precios sólo provocará especulación, desabasto y el surgimiento de un mercado informal de gasolinas, con enormes costos económicos y políticos.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
