Todo parece indicar que ha quedado en el olvido aquella penosa agresión donde una alumna de preparatoria fue literalmente agredida por su compañero de salón, Joaquín “N”, aplicándole una llave china hasta perder el conocimiento y desmayarla en el Centro Universitario Continental (CUC) en la capital del estado, donde se presume que ha habido, entre otras cosas, tráfico de influencias, ya que este colegio pertenece a familiares directos de la diputada local Citlali Jaramillo.
Y es que, lejos de encontrar apoyo de la institución, la víctima ha tenido que cambiarse de colegio, porque directivos del CUC terminaron por desconocerla y hasta reprobarle en algunas materias por no presentar exámenes mientras se recuperaba de la agresión de su compañero, queriendo en todo momento minimizar los hechos, aunque las imágenes sean contundentes, en las que se puede observar que incluso hasta el profesor de clase se encontraba al momento de los hechos y no hizo absolutamente nada.
Lamentablemente ha habido opacidad sobre este acontecimiento, e incluso los padres del agresor han amenazado a los padres de la víctima por “atreverse” a señalar a su hijo ante los medios de comunicación, ocasionándole un “agravio” irreparable hacia su persona.
Es sorprendente cómo, cuando un asunto de esta naturaleza deja de tener el seguimiento jurídico, va dando paso a vulnerar las inconsistencias de la ley y pasar de agresor a agredido. Pero es evidente que ninguna autoridad quiere encabezar la causa de la agredida.
Y es que, cuando una familia no está acostumbrada a los escándalos legales ni mediáticos, muy fácilmente puede ser presa de la contraparte y además, con el presumible tráfico de influencias que pudo haber ocurrido en torno a este hecho que le dio vuelta a nivel nacional y hasta internacional, sencillamente pasó de ser un delito a una simple falta administrativa.
Lo cierto es que hay muchas personas en la indefensión del poder, del chantaje, de las arbitrariedades y principalmente de la impotencia que pueden sentir por no ser escuchadas, de no ejecutar la ley en su justa dimensión y, por el contrario, recibir amenazas con tal de cubrir la identidad del agresor.
Hay muchas dudas con relación a este caso, y ojalá las autoridades estatales pudieran explicar con lujo de detalle qué ha ocurrido con la escuela, saber si es que recibieron alguna sanción, o tuvo que meter las manos la legisladora Citlali Jaramillo para evitar dañar la imagen de la institución. Saber qué ha pasado con Joaquín “N”, el agresor, porque independientemente de ser menor de edad, ha cometido un delito y tendría que pagar por ello.
En el caso de los familiares de la víctima, saber si tienen garantías de que no serán intimidados ni perseguidos, ni mucho menos amenazados por los familiares del agresor, y sobre todo si es que han recibido el acompañamiento de las autoridades hasta aplicar la ley de manera contundente para castigar al responsable.
Tal parece que le han dado carpetazo a estos lamentables hechos que pasarán a la historia como simple anécdota, porque cuando hay manos que mueven los hilos por atrás, ocurren cosas raras que evidentemente están al margen de la ley.
