Paradójicamente, mientras el gobierno de izquierda en Venezuela se encuentra enfrentado a la oposición y asediado por Estados Unidos, hay quien le ha hecho un cerco para que disuelva la Asamblea Constituyente y acate sus mandatos. En la Colombia vecina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) han iniciado esta semana los trabajos de su Congreso, el cual deberá llevarlas a convertirse en un partido político y participar en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.
Bajo el Lema: “¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!”, inició este lunes el Congreso de las FARC-EP, el cual deberá concluir el próximo viernes 1 de septiembre, dando a luz un nuevo partido político. Aunque parece insólito, después de 53 años de lucha armada para conquistar el poder político, las FARC-EP lograron un acuerdo de paz con el gobierno en noviembre pasado y ahora se disponen a participar en la vida política nacional de Colombia, en busca de lograr por la vía electoral lo que no lograron alcanzar con las armas: el poder para contribuir a la transformación de la Colombia actual, junto con las otras fuerzas políticas.
Sin duda, los tiempos han cambiado y en la era digital de las comunicaciones, de los satélites, de las guerras con drones, la vía armada parece cada día más lejos de ser un recurso de las mayorías oprimidas para liberarse de la pobreza y la exclusión social. Pero esto, siempre que la democracia electoral les ofrezca alternativas para mejorar su nivel de vida y acceder a la justicia social, en igualdad de condiciones que todos los miembros de la sociedad; de lo contrario, la inconformidad siempre será una bomba de tiempo, la cual podrá estallar en cualquier momento contra el orden establecido por el Estado.
En Colombia hoy, después de concluido el desarme y la concentración de los desmovilizados de los guerrilleros en los puntos acordados, ahora sólo la reinserción social y la participación de los guerrilleros a la vida política nacional podrá materializar la paz en Colombia. Los datos indican que las FARC-EP entregaron poco más de 8 mil armas a las Naciones Unidas, como parte del proceso de desmovilización.
Esos datos indican que muchas de esas armas que empuñaron los combatientes de las FARC-EP siguen dispersas y podrían ser activadas en cualquier momento; por lo cual, el trabajo del gobierno para desarmar totalmente a la población civil estará pendiente, incluso después de la firma de la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas conversaciones continúan en Ecuador.
Sin duda, nunca la cifras recogerán lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, pero la conversión de las FARC-EP en partido político y su participación en las elecciones de 2018 serán un tributo a todas las víctimas que no conocieron la paz. Los datos indican que en medio siglo de conflicto armado, más de 260 mil colombianos murieron; la guerra provocó la diáspora de más de 60 mil personas hacia el exterior de Colombia y el desplazamiento de 7.1 millones dentro de su territorio. Aunque la mayoría de los guerrilleros han sido amnistiados, aún hay muchos presos políticos que esperan alcanzar su libertad e incorporarse a la vida civil; mientras que el pago de daños a las víctimas de la guerra continúa siendo un tema polémico.
Por lo pronto, según los acuerdos de paz firmados en noviembre pasado, las FARC-EP podrán participar en las elecciones y dispondrán 10 parlamentarios (5 en la Cámara de Diputados y 5 en la Cámara de Senadores) hasta el año 2026. Aunque estos parlamentarios constituyen una figura simbólica de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, el partido que surja del Congreso de las FARC-EP espera poder ampliar el número de su representantes.
El líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, señaló en el Congreso que “a partir de este evento, vamos a convertirnos exclusivamente en un movimiento político que operará por medios legales”, afirmando que seguirán la lucha que mantenían por medio de las armas, pero ahora “vamos a seguir luchando por un sistema democrático que garantice la paz con justicia social”, lo cual reafirmaron los aplausos de los mil 200 delegados llegados de todos los sitios de Colombia, fijándose como prioridad la lucha por mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y adelantando que el partido se llamará “Fuerzas Revolucionarias de Colombia”.
Ahora el gran reto de las FARC-EP es luchar contra las tentaciones del poder, contra las comodidades que ofrece la vía electoral para llegar a él y no olvidarse de los millones de campesinos que durante medio siglo los protegieron. La revolución de 1979 en Nicaragua, es hoy el mejor ejemplo de cómo el poder y la vida política electoral acaba por cercenar las raíces revolucionarias de los movimientos armados, enterrando principios y compromisos adquiridos con las masas populares; por que el confort de la ciudad, de los viajes en avión, de comer en un restaurante y vestir ropa italiana, no tienen nada que ver con los días en la selva, las vigilias al asecho, el hambre, los largos viajes a pie por las montañas y la ropa sucia y mojada en noches interminables.
Pero al final del camino, el gran reto de las “Fuerzas Revolucionarias de Colombia”, de cara a la historia reciente de América Latina y el Caribe, es el de no dejar de seguir siendo Ejército del Pueblo y entender, que la lucha no es por generalizar la miseria y la pobreza, sino por repartir la riqueza y darle acceso a los más pobres a ella; a la educación, a la cultura, a la salud, al trabajo bien remunerado y seguro, a una vida con dignidad; de lo contrario, todo habrá sido un error histórico y la muerte útil de miles y miles de colombianos.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
