La inflación llegó al 6.66% en promedio anual en agosto pasado, esto es el doble del 3% propuesto como objetivo para 2017.
Después de la crisis de los errores de diciembre en 1994, el Banco de México comenzó a orientar su política monetaria y la política macroeconómica del país a través de sus objetivos de inflación, provocando desempleo y contrayendo los salarios. Aunque en esos años de crisis y bajo las restricciones de los programas de ajuste y de estabilización impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a México, se justificaba tal política, durante 22 años el banco central y el gobierno federal han seguido la misma estrategia, sin importarles las consecuencias.
Los diferentes gobiernos, del PRI y del PAN, han justificado su política macroeconómica dirigida por los objetivos de inflación del Banco de México, recordando a los mexicanos lo devastador de la inflación de los años ochenta sobre los ingresos de los hogares, cuando llegó prácticamente al 180% en 1988 y al 52% en 1995, considerando que es mejor contener la demanda global de la economía que hacer frente a la inflación y olvidando que es preferible un poco de inflación controlada que tener desempleo elevado con políticas monetarias restrictivas.
Ahora, inexplicablemente, el gobierno federal y el Banco de México continúan orientando la política macroeconómica del país a través de sus objetivos de inflación, 3% para 2017, pero han desarticulado su política al no querer aceptar el efecto de la liberalización del mercado de los hidrocarburos sobre los precios de la economía nacional.
Las reformas estructurales aprobadas en 2013, y en especial la energética, tuvieron más un carácter político que macroeconómico, es decir, están dirigidas a impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país; de aquí que, pese a lo gradual de la liberalización de los precios de las gasolinas en cada zona establecida, el impacto en la formación de los precios en los mercados ha sido incontenible.
El gobierno parece haber olvidado que la fuente de la energía que mueve la industria en México hoy, en más de un 90%, proviene de los hidrocarburos; en consecuencia, cualquier aumento en sus precios provocará un efecto dominó en el aumento de los costos de producción de los productos y servicios, en consecuencia, en sus precios finales en el mercado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha informado que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento mensual de 0.49% y un incremento anual de 6.66% en el mes de agosto, lo que representa su mayor nivel en más de 16 años, debido a incrementos de precios de productos agropecuarios y energéticos. En el mismo periodo de 2016 se registró una inflación de 0.28% mensual y de 2.73% anual.
A esa evolución de la inflación ahora habrá que considerar el efecto que agregará el huracán Harvey, debido a que afectó a la industria petrolera en Texas y es probable que las exportaciones de gasolinas a México se reduzcan en la segunda quincena de septiembre, dando paso a la especulación en los precios donde ya se han liberado. En ese sentido, más que esperar que la inflación pueda llegar al 3% al concluir este año, habrá que esperar que alcance un 7%.
Tratar de ser realista y dejar el optimismo que ha caracterizado al Ejecutivo federal en sus cinco primeros años de gobierno sería la mejor opción para diseñar el “Paquete Económico 2018”, considerando no sólo el impacto de la total liberalización de los precios de los hidrocarburos sobre la formación de precios, sino la posibilidad de que Estados Unidos ponga fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las exportaciones, que han sido uno de los motores del crecimiento en México en las últimas décadas, se reduzcan en 2018, afectando a la planta industrial; por lo cual, deberían considerar darle una mayor importancia a la demanda interna para el próximo año, a fin de que pueda sustituir una posible contracción de las exportaciones, flexibilizando su política monetaria y garantizando el acceso al crédito interno.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
