Con no muy buenos augurios por parte de la opinión pública después de lo ocurrido con la fallida ley eléctrica, en donde Morena no consiguió los votos necesarios para modificar la Constitución en la cámara de origen, en días recientes los diputados recibieron una iniciativa gubernamental, ahora para crear una nueva ley electoral.
Percibimos los no buenos augurios por dos razones: en primer lugar, el partido en el gobierno, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo -hoy convertidos penosamente en uno solo-, no ha digerido lo ocurrido hace tres domingos y lejos de eso hay quienes pretenden acusar a los legisladores que votaron en contra por “traición a la patria”, ni más ni menos; y en segundo lugar, al leer la nueva iniciativa, los expertos coinciden que es una ley creada a modo para los fines personales y políticos de Andrés Manuel López Obrador.
Para comenzar, no se sabe de diálogo previo entre los legisladores de todos los partidos. Resulta elemental en un proyecto de esta naturaleza que todas las partes involucradas sepan previamente de qué se trata.
Se me viene a la mente el conflicto por los trabajos del río Tula, generados en gran parte porque la autoridad federal nunca ha querido socializar su propuesta de obra, que por cierto ya ejecuta por cuanto al desazolve. Se ven enormes montones enormes de lodo a la mitad del cauce, veremos qué dicen las primeras crecidas de agua, que están a la vuelta de la esquina.
Y volviendo al tema de la ley electoral, el politólogo Jorge Alcocer asegura que se trata de sepultar al INE y de crear el INEC, o sea, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad administrativa única a nivel local y federal. Es decir: se busca centralizar las disposiciones en esta materia como en los tiempos de Antonio López de Santa Anna.
El INEC se integraría por un presidente y seis consejeros elegidos cada seis años en voto secreto, directo y universal; los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían seleccionados también por votación popular y las impugnaciones serían resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿De dónde saldrían los aspirantes a estos cargos? Cada uno de los tres poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) propondría una lista de 20 aspirantes. Aquí el primer gran problema: si hoy en día los poderes Legislativo y Judicial se han convertido en lacayos de AMLO, ya sabemos qué sello traerán las 60 propuestas.
Y una de las muestras de la pretendida centralización es por cuanto a que en la nueva ley desaparecen los organismos estatales, hablamos de institutos y tribunales electorales. Es decir, habría una sola ley, con lo que se les quitaría a los congresos locales la facultad de crear leyes en este rubro.
Habrá que reconocer que quitar el financiamiento público a los partidos es, desde hace tiempo, una demanda ciudadana. Se propone que los recursos los obtengan de sus propios militantes o simpatizantes. No lo podrán buscar ni obtener de las iglesias, de empresas mercantiles y de entes o gobiernos extranjeros. Hay que precisar que, en época de campañas, los partidos sí seguirían recibiendo recursos del gobierno.
También vale la pena analizar la propuesta de reducir de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores. Interesante. Se propone que ambas cámaras se integren a través de listas que los partidos políticos presenten y exista una representación proporcional al 100 por ciento plurinominal.
Otro rubro no menos importante es que se busca reducir el número de integrantes en los congresos locales y también en los ayuntamientos. En el primer caso se habla de un máximo de 45 legisladores y un mínimo de 15, de acuerdo a la población de cada entidad. Recordemos que, por ejemplo, en Hidalgo hay 30 diputados. En los municipios se busca que haya un máximo de nueve integrantes del cabildo, o alcaldía en el caso de la Ciudad de México. Los próximos munícipes serían elegidos también por representación proporcional. Es decir, todos plurinominales.
Los primeros consejeros del INEC y magistrados de la Sala Superior del TEPJF entrarían en febrero de 2023 y de aprobarse la nueva ley, los actuales consejeros del INE y magistrados del TEPJF serán cesados y dejarán sus cargos al asumir los electos el mes y año citado la misma fecha.
También se disolverían los tribunales electorales locales y su patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente. En todo este escenario, el Congreso de la Unión debería expedir la ley única en materia electoral a más tardar 90 días después de la publicación de la reforma constitucional.
A grandes rasgos, esa es la propuesta del presidente. No está de más reconocer e insistir que resulta interesante reducir el número de diputados, senadores y regidores, así como disminuir las prerrogativas presupuestales a los partidos políticos, que en este caso una de las preocupaciones sería que busquen recursos entre los grupos delincuenciales, con todo lo que esto significa.
Ante este escenario tal vez resulte más interesante modificar la ley electoral actual para incorporar los cambios ya referidos, pero conservar al INE como hoy lo tenemos, puesto que ha dado reiteradas muestras de su autonomía y capacidad de sus integrantes. Pretender desaparecerlo más bien parece una revancha del AMLO porque no se ha sometido a sus intereses.
Y es que la venganza nunca es buena consejera, pero hoy parece el sello de la casa. En fin.
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
