Militantes de MORENA iniciarían un juicio político en contra de Omar Fayad, gobernador del estado, por la supuesta represión que se presentó el pasado 31 de julio en el Congreso del estado en contra de diputados locales electos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, Alejandro Encinas indicó que se puede iniciar un juicio político ante la Cámara de Diputados.
“Los actos de represión y abuso de autoridad pueden configurar la posibilidad de iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados para que se rectifique la situación”, expresó.
Al tiempo, señaló que ante el escenario político y de proceso jurídico, “es absurdo que se reprima a los representantes populares que integrarán al siguiente Congreso local, no sólo es un diferendo, ya es un conflicto no con MORENA, sino con el Congreso del estado, se tiene que resolver porque ya es un conflicto entre poderes de Hidalgo”, agregó.
Por su parte, Abraham Mendoza Zenteno, dirigente estatal de MORENA, recordó que la manifestación el pasado 31 de julio fue por las modificaciones que se pretendían hacer a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que hace la junta de Gobierno rotativa, así como la aprobación de reestructurar la deuda pública; así como por los nombramientos del procurador, fiscal electoral y magistrados del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior, visto como acciones de gobierno para blindarse, a decir de los morenistas, “tapar la corrupción que pudiera existir en el gobierno”.
En respuesta, el Congreso del Estado señaló que es falso que el trabajo realizado por la LXIII Legislatura sea producto de apresuramientos o “albazos”, pues la agenda legislativa del Congreso hidalguense, y de cualquier otro Legislativo del país, culmina en el momento en que ordena la ley, no antes, no después, ni por voluntad, o capricho de nadie.
Las reformas planteadas, así como todos los nombramientos que ha emitido la LXIII Legislatura, aseguran que han sido analizados y aprobados con la participación de todas las fuerzas políticas que conforman al Congreso, incluida desde luego la de MORENA a través del diputado Efrén Salazar Pérez, su único representante partidista legalmente constituido, por lo que cumplen con toda la normatividad vigente; “son acciones legítimas, legales y democráticas, y cuentan con absoluta certeza y seguridad jurídica”, apuntan.
Al mismo tiempo, el Congreso actual consideró que es definitivamente falso que los agentes de la Policía Estatal que resguardaron el Congreso el día 31 de julio ante la manifestación de personas que impidieron de manera arbitraria el ingreso, no sólo a legisladores sino a trabajadoras y trabajadores a las instalaciones del Poder Legislativo portaran armas de fuego, sino que su misión consistía únicamente en contención antimotines, es decir, portaban sólo escudos protectores.
Afirmaron que caso contrario fue el de los manifestantes, quienes además de portar varillas, piedras y palos, ingresaron de forma ilegal al Congreso, dañando las instalaciones y amenazando a trabajadores con el propósito de impedir el trabajo de la actual legislatura legal y formalmente instalada, “lo cual es una flagrante violación no sólo a los derechos de quienes laboran en el Legislativo, sino a la seguridad personal de quienes ahí se encontraban, además dichos actos constituyen una violación a los principios de libertad y autonomía parlamentaria.
“No podemos aceptar que esas situaciones se conviertan en hipótesis jurídicas de anulación de los actos legislativos, sino que debe permanecer el ejercicio libre del trabajo legislativo”.
Finalmente, la LXIII legislatura refrendó su compromiso con la sociedad que, al elegir a sus representantes les dio el voto de confianza para legislar, como corresponde a su trabajo y no para “esperar” a que llegue la siguiente Legislatura, “como pretenden los y las diputadas electas, lo que además de ser absurdo e irresponsable, resulta una postura prepotente e ilegal, totalmente contraria a la decisión ciudadana expresada en las urnas el pasado uno de julio, en la que se manifestaron en contra de autoritarismos, sea cual fuere la fuerza o actor político que los emita”.
