Este miércoles el Consejo Académico de la UAEH convocó a una conferencia de prensa que encabezó Adolfo Pontigo Loyola junto con el despacho que se encargará de la defensa de Gabriela Mejía Valencia, la coordinadora financiera que se encuentra en proceso penal por supuestos delitos, como ultraje a la autoridad, pero sobre todo de índole electoral.
La presencia del abogado Juan Velásquez fue el marco perfecto para inferir una preocupación exagerada por parte de los universitarios –incluido el prestigiado penalista-, que a toda costa evitaron poner en la mesa el tema del dinero.
El punto central de la discusión fue descrito con una diferenciación de acciones entre destinar el dinero o realizar la destinación, es decir, los abogados le apuestan a desvirtuar el delito a través de una confrontación de palabras, porque de los hechos, nada, no tienen qué decir a su favor.
Adolfo Pontigo Loyola dijo no tener conocimiento de la cantidad de dinero que llevaba la funcionaria ni su destino, entonces, se reafirma que el exgolpeador sólo es un títere de Gerardo Sosa Castelán que ni siquiera tiene conocimiento de los albañiles electorales que se pagarían, sólo sirve para la foto.
El pseudo rector refirió que su ámbito de competencia es únicamente el académico, pero también es una falsedad, pues nunca ha destacado por ser una lumbrera; en cambio, sólo tiene su imagen y habilidad para amenazar, pues cuentan que lo ha hecho con éxito desde hace años por su poca tolerancia a las críticas.
Pretendieron restarle importancia a la presencia de Agustín Sosa alegando que la coordinadora hizo pública su detención en redes sociales; también omitieron la relación familiar y laboral de la “multitud” que rodeaba la camioneta de la conocedora de los secretos universitarios.
Llamó la atención que el penalista recalcó en varias ocasiones que la funcionaria “es una señora”, ¿será un machismo condescendiente lo que estuvo a punto de salir de su boca? Una formación militar podría explicar la descripción, sobre todo al compararla con los colosales elementos de policía, es decir, por ser mujer pudo sentirse atemorizada. Quizá es porque se les acaban los argumentos.
Nunca explicaron el mapacheo que estaban orquestando y tampoco lograron discernir los señalamientos, sólo lanzaron una mezcolanza de datos sobre “incongruencias” en el proceso que, todos saben, es el recurso favorito de los abogados que quieren sacar de la cárcel a los delincuentes.
Sobre el amparo de Gerardo Sosa contra cateos y aprehensión no dijeron una palabra, parece que de nueva cuenta el protagonista de la Sosa Nostra no duerme por miedo a que se inicie un expediente en su contra, o tal vez solamente bastaría reabrir viejos expedientes.
Se trató de un fraude de conferencia de prensa, pues no explicaron nada pero sí pretenden seguir victimizando a los funcionarios académicos, que no pueden quitarse de encima la cruz de participar en delitos electorales.
Desde otra perspectiva, podemos decir que después de secuestrar a un delegado nacional del PRI e incendiar una presidencia municipal, la compra de votos de los porros resulta “refinada”.
Sin embargo, Hidalgo no olvida quiénes son, la nación tampoco lo hace; hagan lo que hagan su sola cercanía desprestigia a cualquiera y hace recordar su pasado vandálico, porque ellos podrán “haber aprendido”, pero las mujeres violadas u hostigadas, los lesionados, los amenazados, los acosados, los robados, tuvieron un daño permanente.
Extraña posición la de un penalista, crítico del sistema judicial, de pronto buscarle “lados blandos” a la legislación para justificar conductas que parecen ilegales. Pero ese es su trabajo
