Nació la frustración entre los independentistas catalanes después que el presidente Carles Puigdemont decidió abrir el proceso hacia la independencia de Cataluña a través del diálogo que Madrid rechaza.
Puigdemont dijo en su intervención que el Parlamento en Barcelona abría el camino a partir de ese momento para el establecimiento de la República Autónoma de Cataluña, luego de tomar nota de los resultados del referéndum celebrado el 1 de octubre pasado, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional de España, el cual no sólo prohibió el referéndum sino la propia sesión de los parlamentarios.
El presidente señaló que Cataluña obtuvo el derecho a ser una República independiente y solicitó al Parlamento de “Catalunya” un mandato para declarar su independencia. Sin embargo, propuso suspender por una semana la declaración de independencia para permitir la apertura de negociaciones con Madrid, con la ayuda de una mediación nacional o internacional, lo cual fue rechazado por el gobierno español a través de su vicepresidenta, el cual se reunirá de urgencia este miércoles para analizar la situación; mientras el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, señalaba que la declaración ambigua de independencia de Puigdemont no puede ser positiva y prometía usar toda la fuerza de la ley para asegurar el mantenimiento del orden constitucional.
Puigdemont y los independentistas catalanes han olvidado la historia de España, pues este país nunca ha permitido la independencia de ninguno de sus territorios sin ofrecer resistencia, recurrir a la violencia y a la guerra. Recordemos solamente la cantidad de independentistas decapitados y colgadas sus cabezas en las ciudades para escarmentar la osadía de desafiar al Reino de España; recordemos cuántos independentistas latinoamericanos, asiáticos o africanos murieron en las cárceles españolas; pero sobre todo, cuántos independentistas vascos aún purgan sus condenas por levantarse en armas.
Pretender usar la vía pacífica para lograr la independencia de Cataluña ha sido una opción de los catalanes, pero eso no implica que Madrid la acepte sin cortapisas. El llamado de Puigdemont a reducir las tensiones entre la región autónoma y Madrid, es sólo un deseo demócrata para negociar un referéndum no quiere la corona española; por eso, de inmediato el gobierno español respondió que la mediación con Carles Puidgemont no era posible.
Aun cuando el referéndum de independencia fuera legal, España no lo reconocería, porque ni el gobierno ni la corona española desean el desgajamiento de su territorio y para evitarlo usarán la fuerza. La declaración de independencia de Cataluña para Madrid se basa en un referéndum ilegal y las leyes que fueron votadas especialmente el mes pasado por el Parlamento de Cataluña son desconocidas por Madrid.
Ahora, Carles Puigdemont, después de proclamar la independencia de Cataluña, para Madrid, ha cometido un delito de rebelión calificado y podría ser detenido y encarcelado en cualquier momento; aun cuando Puigdemont tiene claro que las raíces del independentismo catalán son muy profundas y ha señalado, como lo hicieran tantos independentistas en América en el pasado: “Si voy a la cárcel, otros vendrán después de mí”, consciente de que la lucha por la independencia de un pueblo no es un juego sin consecuencias.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
