(Resumen ejecutivo del documento
de la Conferencia Regional de Educación
Superior de América Latina y el Caribe, 2018)
El desarrollo del aseguramiento de la calidad (AC) en América Latina y el Caribe lleva alrededor de veinticinco años. En efecto, los países de América Latina comenzaron a instalar procesos de aseguramiento de la calidad en los noventa, promovidos por el Estado, aun cuando existe una amplia gama de modelos y propuestas.
Estos tienen en la actualidad un alto grado de diversidad en su desarrollo, donde coexisten sistemas consolidados con otros de más reciente creación o que han experimentado procesos significativos de cambio e incluso con algunos que están en proceso de formación.
En algunos países, un solo organismo es responsable por la autorización de funcionamiento y control de calidad, la garantía de calidad y la promoción de la mejora continua; en otros, en cambio, existen diversas instituciones para cumplir estos propósitos.
En la mayoría de los países, la participación en estos procesos es voluntaria; sin embargo, Chile recientemente aprobó una reforma que hace obligatoria la acreditación institucional; en Argentina, es obligatoria la acreditación de programas definidos como ‘de interés público’; Ecuador exige la acreditación institucional y Brasil hace obligatoria la acreditación de programas de posgrado.
Con todo, se ha vuelto cada vez más frecuente que existan incentivos poderosos para acreditarse, los cuales se traducen muchas veces en formas de financiamiento de carácter público, concursos de becas o puestos de trabajo a los que sólo tienen acceso las instituciones o programas que se encuentran acreditados, o sus estudiantes o graduados. Es posible también encontrar casos en que es obligatoria la acreditación de ciertas carreras definidas como de alto impacto social, tales como la medicina y la formación de profesores.
En el Caribe de habla inglesa, la mayoría de los organismos de AC son estatales y se instalaron durante la primera década del siglo XXI. Su objetivo principal es el registro de los centros educativos de nivel superior y la acreditación de la calidad de la formación que estos entregan, pero se observa un interés creciente en el reconocimiento de las credenciales educativas obtenidas por estudiantes extranjeros y nacionales con miras a determinar sus equivalencias locales.
En la actualidad, a pesar de que formalmente existen agencias en diversos países, sólo tres de ellas (Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago) han avanzado en la consolidación de sus procesos, y se encuentran en condiciones de llevar a cabo las funciones para las que fueron creadas.
Junto con el desarrollo de sistemas nacionales de AC, existen iniciativas subregionales que vale la pena destacar. Tal vez una de las más relevantes es el sistema ARCU-SUR, que agrupa a los países miembros y asociados al MERCOSUR, y que se basa en una definición compartida acerca de los perfiles de egreso y criterios de calidad de un conjunto de carreras, así como en el acuerdo acerca de los procedimientos que se aplicará para la verificación de su cumplimiento.
ARCU-SUR, vigente desde 2006, ha resultado exitoso en la promoción de procesos de AC en los países participantes; sin embargo, están aún pendientes de logro los objetivos que apuntan a facilitar la movilidad de personas entre los países de la región y apoyar los mecanismos de reconocimiento de títulos.
Por su parte, Centroamérica desarrolló a fines de los noventa el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, estableció el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), que agrupa universidades públicas y privadas. Así mismo se han establecido agencias regionales de AC que operan transversalmente en la región. En el Caribe se han impulsado distintos sistemas regionales de acreditación especializados en áreas identificadas como prioritarias y de alto impacto social, tales como medicina y profesiones de la salud y en ingeniería y tecnología.
Por último, es importante destacar la creación de redes que agrupan a los organismos centrados en temas de la calidad de la educación superior.
Las principales son RIACES (Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior) y CANQATE (Siglas en inglés de la Red de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Terciaria del Caribe). Ambas buscan apoyar los procesos e intercambios tendientes a la articulación de una comunidad regional de aseguramiento de la calidad.
- Impacto del aseguramiento de la calidad sobre las instituciones.
En 2012 el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) publicó los resultados de un estudio referido a las percepciones de los principales actores con respecto al efecto de los procesos de AC sobre las instituciones de educación superior que condujo a la verificación de que en general, estos procesos han contribuido de manera significativa a una mayor comprensión de la calidad de instituciones y programas, sobre todo en el campo de la gestión y docencia universitarias.
Se formulan algunas críticas, en su mayoría referidas a la homogeneidad de los criterios de calidad aplicados en los procesos de acreditación; los conflictos de interés no siempre bien controlados; y la carga de trabajo que representan los ejercicios de autoevaluación y generación de información.
- Breve balance: enfoques, tareas y desafíos percibidos.
El desarrollo de los procesos de AC se inicia con una preocupación por el nivel académico de las ofertas educativas, y la necesidad de dar cuenta pública del cumplimiento de los propósitos institucionales y los criterios exigidos, e informar acerca de las ofertas que están en condiciones para entregar un servicio educativo de calidad.
Sin embargo, estos procesos tienden, todavía, a privilegiar una formación de corte tradicional: programas completos, de formación profesional o de posgrado, ofrecidos en jornada diurna, a estudiantes de tiempo completo, con académicos dedicados a las tareas de docencia, investigación y extensión.
Las agencias, por su parte, destacan la necesidad de profundizar y fomentar el desarrollo de procesos internos de aseguramiento de la calidad, para evitar que esta sea considerada una prioridad sólo respecto de la evaluación externa. Para esto hay que promover la participación real de la comunidad académica y centrar el trabajo evaluativo a fin de valorar la capacidad de auto-regulación de las propias instituciones, tomando en consideración el contexto internacional.
Continuará…
Por: Roberto Diez Gutiérrez
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Maestro en Educación con especialidad en Comunicación. Maestro Humanidades con especialidad en Educación. Doctor en Humanidades con opción en Educación. Beca al Mérito Académico de la Secretaría de Educación Pública Federal. Fui corresponsal en el Estado de Hidalgo para Organización Radio Centro, Organización Impulsora de Radio y Cadena Radio Centro. Profesor en el Tecnológico de Monterrey (Querétaro e Hidalgo); en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad INECUH de Tizayuca, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID-Tula) y Universidad La Salle Pachuca. Rector de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo (UCLAH); Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); Director General de Educación Media Superior del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior (IHEMSyS) y Director Técnico del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Hidalgo y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población en Hidalgo. Director General de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Colaborador en diversos medios impresos y electrónicos del Estado. Rector de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán (UTMZ). Ex Rector de las Universidades Tecnológicas Minera de Zimapán y Bilingüe de Mineral de la Reforma.
