Los grupos políticos independientes han crecido como producto de la crisis de partidos, cuya representatividad social atraviesa por el descrédito causado por el poco trabajo en favor de la ciudadanía, las asimetrías y la desigualdad social que propiciaron, así como por el enquistamiento de una clase política con instintos de depredación económica muy al margen de un proyecto nacional.
El antiguo régimen y su partidocracia dejaron en Hidalgo una alarmante miseria y marginación que hoy el gobernador Julio Menchaca Salazar intenta revertir con las rutas de la transformación. Las declaraciones del mandatario, en las que reconoce que en Tula existe una deuda gubernamental histórica, se quedan cortas, pues la deuda existe en cada municipio, región y comunidad de Hidalgo.
El capital político de los grupos independientes es golondrino, requiere de la infiltración en cuadros de partidos y estructuras gubernamentales para funcionar. Por ello, no es aleatorio que el GPI tuviera que pactar con partidos como el Verde, o bien, tratar de incursionar en las filas de Movimiento Ciudadano para acceder a escaños políticos. La negociación es clara: el GPI transfiere capital político a un partido cualquiera, con la presencia de su movilización y actores políticos; mientras que el partido receptor se fortalece por el efecto “osmosis”.
Pero así como el GPI cuenta con un capital político por conducto de Omar Fayad y actores políticos subalternos, también requiere de estructuras de partido o gubernamentales para direccionar su fuerza, pues carece de articulación legal para funcionar. El GPI no es un partido político ni un movimiento ciudadano ni una organización no gubernamental; se encuentra en una dimensión de poder polivalente que puede erosionarse sin contar con una estructura legal en el sistema político.
Recordemos que el GPI se encuentra en un torbellino debido al peculado y la malversación de recursos durante la administración de Fayad Meneses con casos como el de Jessica Blancas, lo cual indica que, sin pactos ni presencia de capital político en partidos o estructuras de gobierno, no existen para este grupo posibilidades de negociación de Estado.
La presión que ejerce el Poder Ejecutivo en las investigaciones de peculado y malversación pública en las estructuras de procuración de justicia y democracia también ejerce presión endogámica para el gobernador, que no puede quedar en la indefinición política, pues al no existir en el GPI un contrato político de adhesión hacia el sistema de partidos o gubernamental, se encuentra presa del poder del Estado.
La orientación del criterio de López Obrador es clara: la limpieza del antiguo régimen se da con la espada de la ley y con la depuración de la infiltración política. Por ello, Menchaca Salazar se encuentra utilizando la espada legal a cargo de Francisco Fernández Hasbun y depura la infiltración de su gobierno y alianza partidista alentando la limpieza de capitales políticos golondrinos como los del GPI.
