De acuerdo con la encuesta nacional sobre las condiciones de gobierno en México, realizada en las 32 entidades por Arias Consultores, la administración de Julio Menchaca Salazar se encuentra en el primer lugar en el rubro de combate a la corrupción, según la percepción de la ciudadanía.
El instrumento se aplicó, del 26 al 30 de abril, a 22 mil 949 ciudadanos mexicanos con acceso a redes sociales, a quienes se les cuestionó acerca de la fiabilidad de las administraciones estatales en diferentes materias como transporte público y movilidad, economía y empleo, confianza en inversiones, seguridad, obra pública, apoyo al campo, salud y educación.
El Gobierno de Hidalgo se coloca en el segundo puesto en el rubro de desempeño y se mantiene entre los primeros lugares de aprobación. Con los trabajos coordinados entre Contraloría y Procuraduría se ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos desde el inicio de la administración, al abordar temas prioritarios para erradicar actos de corrupción, fraude, ilegalidad y abusos de poder.
Esta colaboración interinstitucional tiene como finalidad redoblar los esfuerzos y acciones para alcanzar una mejora continua en la profesionalización del capital humano. Por ello, se implementan capacitaciones que permiten evaluar las metas y objetivos alcanzados, además de que promueven la cultura de denuncia en caso de algún acto anómalo de cualquier servidor público.
Son de igual importancia los trabajos que realizan los Órganos Internos de Control y los Comisarios Públicos para la vigilancia rigurosa de la aplicación de la ley, mismos que se suman a las acciones de los Órganos Fiscalizadores (Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el Órgano Estatal de Control) en la supervisión de la eficiente y eficaz gestión de los recursos públicos.
En cuanto a los ejercicios de fiscalización, estos los llevan a cabo, en coordinación, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.
